El 24 de abril marcó el trigésimo día de la cuarentena nacional de Colombia declarada por el gobierno nacional, imponiendo estrictas órdenes de “cuarentena” para los trabajadores no esenciales, lo que limitó en gran medida el movimiento de los observadores internacionales que verifican la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno colombiano aprovechó el momento de crisis para aumentar la militarización del espacio público, particularmente en comunidades rurales. Frente a esto, las organizaciones de derechos humanos expresaron sus preocupaciones sobre un movimiento hacia el autoritarismo bajo el pretexto de combatir la pandemia de COVID-19, sin embargo, el gobierno sigue sin proveer las más mínimas garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos que continúan siendo asesinados con impunidad. Según Indepaz, al menos 71 líderes sociales han sido asesinados en los primeros meses del 2020 con al menos 20 más desde que comenzó la cuarentena a finales de marzo.
El 19 de marzo, Marco Rivadeneira, un líder emblemático que promovió la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Putumayo y buscaba alternativas para quienes se habían quedado fuera de los programas de sustitución de cultivos fue brutalmente asesinado. Según la Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), el asesinato de Marco Rivadeneira eleva el número de miembros de COCCAM asesinados por liderar procesos de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia a 60. Tres días después del asesinato de Marco, miembros del la fuerza publica llegaron para rociar los cultivos de coca con bombas manuales cargadas de glifosato.
El 26 de marzo, miembros de las fuerza pública, respaldadas por Estados Unidos, comenzaron a erradicar por la fuerza los cultivos de coca en la comunidad de Santa Teresa, Norte de Santander. Los miembros de la comunidad se resistieron a este operativo de erradicación forzada, ya que violaba claramente el acuerdo de sustitución colectivo firmado por la comunidad en septiembre del 2017. Horas después, el cuerpo del líder social de 22 años, Alejandro Carvajal, yacía sin vida en el suelo después de ser asesinado extrajudicialmente por un miembro de la Fuerza de Tarea Especial Vulcano de las fuerzas armadas colombianas, según organizaciones locales de derechos humanos.
El miércoles 22 de abril, en una comunidad indígena en la zona rural de Tumaco,, Nariño en el suroccidente colombiano, miembros de la fuerza pública asesinaron a Ángel Artemio Nastacuas Villarealone de 35 años, miembro de la comunidad indígena Awa, e hirieron a otros tres que protestaban pacíficamente contra la operación de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. Los miembros del equipo de erradicación de la policía dispararon en contra de un grupo de indígenas Awa, que intentaban hablar con ellos sobre por qué no se había consultado a las autoridades indígenas sobre la erradicación voluntaria, como lo exige el acuerdo de paz.
El gobierno colombiano, bajo la intensa presión del gobierno de Estados Unidos, ha intensificado sus operaciones de erradicación forzada, violando sus propias órdenes de distanciamiento social, lo que aumenta el riesgo de propagar COVID-19 en comunidades con poco o ningún acceso a la atención médica. Desde que comenzó la cuarentena en todo el país, las fuerzas armadas colombianas han llevado a cabo operaciones de erradicación forzada en al menos siete departamentos diferentes, lo que ha resultado en graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que no se han investigado a fondo.
Esta intensificación del programa de erradicación forzada se produce a menos de tres años de la masacre de 7 campesinos en Tandil, Tumaco, después de que miembros de la policía nacional antinarcóticos dispararon indiscriminadamente contra una multitud de manifestantes. Mientras el gobierno colombiano continúe ignorando los convenios colectivos firmados con las comunidades cocaleras y no aborde las causas de la pobreza y desigualdad en el campo colombiano, otra masacre, como la que ocurrió en Tandil, es solo cuestión de tiempo.
Debido a los claros vínculos entre las operaciones de erradicación forzada y las graves violaciones al derecho internacional humanitario, pedimos a la comunidad internacional que exija a los gobiernos de EE. UU. Y Colombia que:
1. Investiguen los hechos y castiguen a los responsables de los asesinatos de Ángel Artemio Nastacuas Villarealone y Alejandro Carvajal, así como las amenazas y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas colombianas contra las comunidades campesinas en Nariño, Catatumbo, Caquetá y Putumayo.
2. Cumplir con las medidas obligatorias de aislamiento preventivo ordenadas por la Presidencia y suspender las operaciones de erradicación forzada, a fin de evitar las infecciones por COVID-19, esto con el objetivo de garantizar el derecho de la población a la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, consideradas poblaciones en alto riesgo.
3. Colocar una moratoria en la financiación de las operaciones de erradicación forzada, respetando los acuerdos de sustitución voluntaria firmados con las comunidades rurales en el marco de los acuerdos de paz de la Habana.
Signers/ Firmantes
Washington Office on Latin America (WOLA)
Witness for Peace Solidarity Collective/Colectivo Accion Permanente por la Paz
School of the Americas Watch (SOA Watch)
Presbyterian Peace Fellowship
Portland Central America Solidarity Committee
Movimiento Mujeres por la Vida de Cajibio – Cauca – Colombia
Movimiento de Mujeres (Central New York)
InterReligious Task Force On Central America and Colombia (IRTF)
International Action for Peace (IAP)
FOR Peace Presence
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)
Federación de Pequeños Mineros del Chocó (FEDEMICHOCÓ)
Denver Justice and Peace Committee
Coordinación Nacional de Pueblos y Organizaciones Afrocolombianas (CONAFRO)
Coordinacion Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI)
Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)
Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ)
Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZ Colombia)
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Colombia Grassroots Support
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Christian Peacemakers Teams
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Asociación renacer Siglo XXI de Buenos Aires
Alliance for Global Justice
Abroadia
Patricia Rodriguez, Ithaca College NY
Shannon Gleeson, Associate Professor, Cornell University, School of Industrial and Labor Relations
Enrique Gonzalez-Conty, Ithaca College, NY
Dr. Beth Harris, Ithaca College
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP- Chile)
Edwin Mosquera, Defensor de DDHH, Coordinador Proyecto De la Guerra a la Paz, Iglesia Luterana de Colombia, IELCO