El 20 de junio, un tribunal hondureño finalmente presentó el veredicto escrito en el caso contra el ex oficial de inteligencia militar, entrenado en los EEUU, Roberto David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, condenándolo a 22 años y 6 meses de prisión. Laura Zúniga Cáceres, la hija menor de Berta, explicó: “Este es un avance importante pero los autores intelectuales del crimen siguen gozando de impunidad gracias a su poder político y económico. Como víctimas de este crimen, nosotros, su familia, miembros de Copinh y del pueblo Lenca, seguiremos exigiendo justicia al Estado hondureño”.
COPINH publicó un comunicado nombrando a miembros de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras como los autores intelectuales del asesinato de Cáceres. Castillo era el director ejecutivo de la corporación hidroeléctrica DESA, que intentaba construir un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Berta Cáceres. Sin embargo, el propietario mayoritario de DESA, al momento del asesinato de Cáceres, era una empresa propiedad de miembros de la familia Atala Zablah. Tres hermanos Atala Zablah eran miembros de la Junta de DESA. El hijo de uno de ellos, Daniel Atala Midence, era el Director Financiero de DESA. Atala Midence fue llamado a declarar como testigo en el juicio por asesinato, por los abogados de la familia Cáceres, pero evitó declarar después de que los fiscales estatales declararan que estaba siendo investigado por el asesinato. Si bien técnicamente puede estar bajo investigación, el COPINH denunció que los fiscales estatales “no han hecho un solo avance real en la identificación de los autores intelectuales”.
En efecto, parece que el Ministerio Público de Honduras ha intentado evitar encontrar a los autores intelectuales responsables del asesinato de Berta Cáceres. Es muy notorio que el Ministerio Público no haya presentado pruebas sobre la procedencia del dinero para pagar el asesinato de Cáceres. Ni siquiera presentaron una propuesta al tribunal para que un experto financiero examinará las finanzas de David Castillo y empresas relacionadas, a pesar de que el primer juicio por el asesinato dejó en claro que había varias personas jurídicas que pagaron el salario de uno de los hombres condenado por el crimen.
Si bien el Ministerio Público de Honduras no ha podido rastrear el dinero, un informe de investigación publicado en The Intercept documenta cómo el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) envió repetidamente dinero que se suponía iba a ir a un contratista que construye el Proyecto Agua Zarca a una empresa fundada por David Castillo, CONCASA. Castillo entregó poder administrativo de CONCASA a Daniel Atala Midence. The Intercept describe cómo Atala Midence y Castillo presentaron solicitudes ante FMO de dinero para pagar a una empresa constructora pero con instrucciones de transferencia a CONCASA. FMO envió el dinero a CONCASA a través de Deutsche Bank en la ciudad de Nueva York; ambos bancos procesaron la transacción a pesar de la gran bandera roja de que la empresa que figuraba como beneficiario no coincidía con la empresa que recibía el dinero.
El artículo informa que uno de estos pagos, por poco más de 1,7 millones de dólares, fue solicitado por Atala Midence, el 23 de febrero de 2016, y enviado apenas dos días antes del asesinato de Cáceres. También dos días antes del asesinato, Castillo le envió un mensaje a Douglas Bustillo, quien coordinó con los sicarios que asesinarían a Berta, para reunirse al día siguiente para proporcionarle dinero.
El enjuiciamiento de todos los autores intelectuales de su asesinato es sólo una de las formas en que los sistemas de justicia de todo el mundo están en deuda con Berta Cáceres. Todos y cada uno de los delitos financieros cometidos por aquellos relacionados con el Proyecto Agua Zarca también deben ser perseguidos. Como dijo a The Intercept Ron Rosenhart Rodríguez, uno de los abogados de COPINH, en los Países Bajos, los documentos “demuestran que todavía hay varias líneas de investigación financiera abiertas para que investiguen las autoridades de Honduras, Panamá, Holanda e incluso Estados Unidos”.
Al día siguiente de la sentencia de David Castillo por el asesinato de Cáceres, el COPINH protestó frente al banco hondureño BAC Credomatic, donde Jacobo Atala Zablah es presidente ejecutivo. Jacobo Atala Zablah también fue Vicepresidente de la Junta Directiva de DESA y propietario parcial de DESA a través de una empresa de inversión familiar. El COPINH también protestó en el Banco Centroamericano de Integración Económica, otro banco que financió el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, y donde un miembro de la Junta Directiva de DESA, José Eduardo Atala Zablah, fue un director hondureño. Finalmente, Bertha Zúniga, Coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, se reunió con la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para presentar propuestas para avanzar en la justicia para Berta Cáceres y los derechos del pueblo Lenca.
Si bien el Ministerio Público de Honduras aún no está dispuesto a investigar y procesar a miembros de la élite económica de Honduras, en palabras de la propia Berta Cáceres, “han creído que la impunidad es eterna pero se equivocan. El pueblo sabe hacer justicia”. COPINH ha demostrado una y otra vez que eso es cierto.
