Este 28 de mayo se cumplió un mes desde el inicio del Paro Nacional en Colombia, que comenzó el 28 de abril pasado, en contra de las medidas económicas del gobierno de Iván Duque y los proyectos de reforma tributaria, de salud, laboral, y de pensiones, que afectan a las y los colombianos.
Asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, abusos sexuales, desaparición forzada, personas heridas, han sido algunas de las violaciones a los derechos humanos que han realizado, contra la población, integrantes de las Fuerzas de Seguridad colombianas en este último mes. Vea Informe de INDEPAZ
SOA Watch se ha unido, en diversas redes donde participamos, a las acciones de denuncia y de solidaridad con el pueblo colombiano. Al mismo tiempo, estamos apoyando una campaña para que Estados Unidos y la Unión Europea pongan fin a la asistencia, entrenamiento, envio o venta de equipamiento policial o militar, a las Fuerzas de Seguridad de Colombia por las graves y continuas violaciones a los derechos humanos que el mundo está siendo testigo.
Recordar que tan sólo en la Escuela de las Américas – actualmente con el nombre de Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus siglas en ingles), un promedio de unos 500 integrantes de las Fuerzas de Seguridad colombianas, anualmente, reciben entrenamiento en WHINSEC, en Fort Benning, EEUU, o en la misma Colombia donde viajan instructores estadounidenses.
Como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en Colombia también Amnistía Internacional, ha señalado que “Estados Unidos debe dejar de proveer armas usadas para reprimir protestas en Colombia”
“Amnistía Internacional ha verificado el uso de lanzagranadas de alta capacidad Venom y de lanzagranadas manuales Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y otros equipos de la policía colombiana, y hay informes de nuevos pedidos de compra de equipos estadounidenses de principios de 2021”, señalan.
Desde SOAWatch se ha estado apoyando una campaña, junto a otras organizaciones aliadas, para que las y los ciudadanos en Estados Unidos pidan a sus representantes en el Congreso que firmen una carta dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, para denunciar la violencia excesiva contra la población colombiana por parte de las Fuerzas de Seguridad, la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios de Colombia (ESMAD).
Ya 55 congresistas de EEUU expresaron “su grave preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia” e instaron al gobierno de EEUU a “denunciar clara e inequívocamente la brutalidad policial en Colombia”.
Las violaciones a los derechos humanos en Colombia no son un tema nuevo y, históricamente, SOAWatch las ha denunciado como el papel que tiene EEUU.
En un informe, que entregamos a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) de Colombia, elaborado en conjunto con FOR Presente por la Paz, SICSAL, y SOAWatch, titulado “Desde el Inicio hasta el Final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano”, se ha documentado el papel y apoyo que ha dado EEUU a las Fuerzas de Seguridad de Colombia y sus implicaciones históricas en graves violaciones a los derechos humanos.
En febrero pasado, por ejemplo, la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que entre los años 2002 y 2008 hubo 6.402 civiles a los que las fuerzas militares asesinaron y que fueron presentados como “bajas en combate”. Entre los implicados, militares y graduados de la Escuela de las Américas.
En la historia de América Latina el intervencionismo de EEUU ha sido nefasto, no sólo promoviendo la militarización o golpes de Estado sino también imponiendo el sistema neoliberal que daña a nuestras comunidades y bienes naturales comunes. La vida digna de nuestros pueblos y el cuidado de nuestra Abya Yala debe ser una prioridad sobre la avaricia, el lucro, y el egoísmo del capitalismo.
EEUU debe dejar de apoyar a las Fuerzas de Seguridad de Colombia y el gobierno de Colombia debe y está obligado a respetar los derechos humanos.
¡¡Cese la represión!!
Pablo Ruiz, SOAWatch
