En abril pasado, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, asistió ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado para dar la opinión de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos sobre el Proyecto de Ley que busca regular la sustitución de penas privativas de libertad, por razones humanitarias, con el fin de que reos de avanzada edad, con grave enfermedad terminal o situación de invalidez puedan acceder a arresto domiciliario total. Esta ley puede favorecer a criminales de lesa humanidad. En su ponencia, Alicia Lira señaló que:
“La mayoría de los criminales procesados y que cumplen condena en el Penal Punta Peuco fueron encontrados culpables de varios delitos de lesa humanidad, cometidos contra ciudadanas y ciudadanos de este país”.
“Es inadmisible en derecho y procesalmente que esos condenados no muestren arrepentimiento por haber cometidos violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y en la mayoría de los casos, sigan sin entregar información sobre los crímenes cometidos y el destino de los detenidos desaparecidos”.
“Cuando se evoca la palabra humanidad y preocupación por la salud o la edad de esos criminales, ya procesados y condenados, se olvidan las condiciones en que están detenidos, que sus delitos son de suma gravedad y que, incluso, a nivel internacional, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no pueden acceder a beneficios carcelarios”.
“Ellos no tuvieron la más mínima humanidad con las víctimas, y siendo algunos mayores de edad, otros jóvenes, los sometieron a atroces martirios, torturas y acciones como arrojar sus cuerpos al mar”.
“Los criminales se victimizan, lloriquean, exigen beneficios, y al mismo tiempo reivindican sus crímenes, aplauden las violaciones cometidas durante el régimen militar”.
“No aceptamos este Proyecto de Ley, ya que busca beneficios que significan, en los hechos, más impunidad para alevosos crímenes contra nuestros familiares”.
“Los autores de esos gravísimos delitos -como ejecuciones, secuestros, torturas, desapariciones- cumplen sus condenas en condiciones más que adecuadas, en un recinto carcelario especial. Incluso son trasladados a recintos hospitalarios de las instituciones militares en algunas situaciones”.
“Cabe indicar que muchos de los condenados cometieron esos delitos de manera premeditada, consciente, organizada y de manera reiterada, siendo responsable de la muerte o desaparición de varios compatriotas”.
“No podemos olvidar la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ante esta Comisión, en el mes de marzo del presente año, cuando señaló que la proyección de beneficiados sería de 107 condenados, siendo 69 de ellos autores de delitos de lesa humanidad. Es decir, más del 60% de los posibles beneficiados, son autores y están presos por crímenes de lesa humanidad”.
“La impunidad de la cual han gozado muchos de los torturadores y homicidas, al igual que todos los responsables del accionar represivo vividos durante la dictadura, se mitiga con la verdad y la justicia, pero se derrota con el no cumplimiento efectivo de las penas”.
Esta nota ha sido publicada en la Revista El Derecho de Vivir en Paz – PDF Revista N 13 – Ver online