El viernes 11 de septiembre de 2020, un tribunal español condenó al graduado de la Escuela de las Américas (SOA en sus siglas en inglés) Inocente Montano, ex coronel del ejército y ministro de Seguridad en El Salvador, por los asesinatos en noviembre de 1989 de cinco sacerdotes jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Segundo Montes y Juan Ramón Moreno, quienes fueron asesinados junto con Celina y Elba Ramos y el jesuita salvadoreño Joaquín López en la Universidad de Centroamérica (UCA) dirigida por jesuitas en San Salvador. (El tribunal español sólo podía condenar por los asesinatos de ciudadanos españoles).
Después de 30 años, este es un paso importante para responsabilizar a los más altos niveles de las Fuerzas Armadas por la masacre de noviembre de 1989 en la UCA. Sin embargo, quedan muchos más pasos hacia la justicia. Montano formó parte de un grupo de oficiales militares de alto nivel, incluidos varios otros graduados de SOA, que dieron la orden de ‘eliminar’ al jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, por su liderazgo en el trabajo para negociar un Acuerdo de Paz para terminar con la guerra en El Salvador. Ningún otro miembro del alto mando militar ha sido procesado por ordenar y planificar la masacre. El Salvador se negó a extraditar a miembros del alto mando militar a España (el coronel Montano fue extraditado de Estados Unidos) y aún no se ha llevado a cabo un juicio de los autores intelectuales en El Salvador.
Además, el gobierno de los Estados Unidos en general, y la SOA-WHINSEC en particular, nunca han sido responsabilizados por su papel en el entrenamiento y empoderamiento de los miembros del liderazgo militar que ordenaron los asesinatos en la UCA, así como de numerosos miembros del Batallón Atlacatl. – un batallón de contrainsurgencia creado en la SOA – que llevó a cabo la masacre.
Les dejamos con las Palabras de la Universidad Jesuita de Centroamérica (UCA) en respuesta a la condena:
“Ante la condena del coronel Inocente Montano por parte de la Audiencia Nacional de España, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hace las siguientes consideraciones.
1. La UCA siempre ha querido y sigue queriendo que el juicio relativo a la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras sea realizado en El Salvador. El proceso abierto en España por los familiares de los jesuitas tiene un valor subsidiario en favor de la justicia salvadoreña. Este juicio, cuya vista pública pudo ser seguida desde cualquier parte del mundo, dejó muy clara la seriedad con que la justicia española asumió el caso y las plenas garantías procesales con las que contó el acusado.
2. Aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, lo es aún más por su extraordinario servicio a la verdad. A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil.
3. El proceso llevado a cabo en la Audiencia Nacional de España evidencia con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de 1966 de la Escuela Militar, más conocida como “La Tandona”, funcionó como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el Estado de derecho, valiéndose de un poder que sobrepasa las funciones que le otorga la Constitución. Mientras la Fuerza Armada no pida perdón a nivel institucional por los graves crímenes cometidos en el pasado y no coopere con la justicia abriendo sus archivos, difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos.
4. La resolución del juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado Caso Jesuitas, sino también en todos los relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. El Estado en general y el sistema de justicia en particular deben ser conscientes y responsables de sus atribuciones constitucionales: el artículo 1 de la Constitución los manda a velar por la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
5. Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. Expresan la triste realidad de un momento de la historia y lo peor de la condición humana, su capacidad de ofender gravemente a la vida y romper con la fraternidad a la que todos estamos llamados. Pero son un reconocimiento formal, legal y democrático de la verdad, y un estímulo y una garantía de no repetición de estos actos inhumanos.
6. La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacia el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la Universidad: el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón. La continuación del proceso judicial en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del horrendo crimen, es una deuda de la justicia, y no debe seguir esperando más.
7. La UCA seguirá trabajando con esperanza e ilusión para contribuir a una nueva realidad donde el amor, la reconciliación y la justicia sean valores esenciales”.
SOA Watch
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