Por Pablo Ruiz, SOAWatch*
El 2012 participé en la “Conferencia Intercontinental por la Paz, el desarme y Alternativa sociales ante la OTAN Global” en Buenos Aires, Argentina, y recuerdo que en este encuentro Dario Azzellini, hoy en EEUU, hizo una exposición interesante de la privatización de los “conflictos” y que pueden leer en su libro liberado El negocio de la guerra (1).
Años antes, la Revista “Nómada”, de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, lo había entrevistado para conocer más sobre las Compañías Militares Privadas (CMPs). Dos preguntas y sus respuestas son interesantes para compartir:
-¿Podría explicar brevemente la participación de las CMPs en Colombia? ¿Hay 160 mil empleados? ¿Qué papel cumple allí el ejército estadounidense?
-Hay diferencias. Las CMPs activas allí son unas 20 con cerca de 2.000 empleados. Los 160 mil son los colombianos que se desempeñan en empresas de seguridad. Respecto a paramilitares, había 13 mil antes de la supuesta desmovilización. Del ejército de Estados Unidos, hay una estimación oficial de unos 400 militares en Colombia. Pero creo que son alrededor de 2.000.
-Usted dice que Colombia es el laboratorio de las guerras privadas, ¿en su apreciación tiene que ver el petróleo?
-Sí, desde hace más de 20 años. Políticos, ejército, policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares, ejército estadounidense, la agencia antidrogas norteamericana DEA, compañías transnacionales y CMPs, forman constelaciones cambiantes para imponer intereses contra organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo, contra los movimientos insurgentes armados.
La entrevista a Azzellini es de diciembre de 2007 pero los “actores” del guión siguen siendo los mismos en Colombia y en muchos lugares. Es importante también decir que las “empresas de seguridad” que cuidan a las grandes empresas, forestales, bancos, están conformadas muchas veces por ex militares o ex policías y, seguramente, también por matones y sicarios dispuestos a hacer el trabajo sucio.
El ejemplo más brutal es el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en Honduras. En esta triste historia está involucrada la empresa hidroeléctrica DESA, su personal de “seguridad” y sicarios que dispararon a nombre de los primeros.
“Entre los condenados, está Douglas Bustillo -un graduado de la Escuela de las Américas (SOA) y ex jefe de seguridad de la empresa de represas hidroeléctricas DESA- como también su compañero, graduado de SOA, el Mayor Mariano Díaz” (3). Ambos con entrenamiento en Estados Unidos.
También decir que los que siguen siendo reprimidos o asesinados – ya sea por militares, paramilitares, sicarios, narcotraficantes, policías, y empresas de seguridad privadas – siguen siendo los mismos: jóvenes, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales.
Colombia no deja de doler. De acuerdo a INDEPAZ,entre el 1 de enero y el 17 de julio, de este año, han si sido asesinados en Colombia 166 defensores o defensoras de derechos humanos; 7 familiares de estos; y 36 ex combatientes firmantes de los Acuerdos de Paz.
La guerra, la “inseguridad”, es un buen negocio y los que saben de negocios no quieren que esto acabe.
Cuando escribo esta líneas, miro el Twitter de CONPAZ, una organización colombiana, y salen fotos de una “marcha realizada en solidaridad con la familia de Anderson Arboleda asesinado por la policía” en el Cauca. Más abajo: “Asesinan a Leidy Viviana Trompeta guardia indígena del cabildo Nasa Kuesh Kiwe”. Qué más decir: Colombia, tan bella y tan terrible.
La privatización de la represión
Siempre hemos sabido, por la dura realidad de la vida, lo que podemos esperar del ejército, de la policía, en nuestros países, como de la “cooperación” que da Estados Unidos, ya sea por la razón o la fuerza, ya sea apoyando gobiernos corruptos o surgidos desde golpes de Estado (como en Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia), ya sea apoyando “democracias” a su medida. (Como en Colombia, Chile, y Ecuador).
Si bien a comienzos de los años noventa, en la gran mayoría de los países de América Latina, se habían terminado las dictaduras o se habían firmados acuerdos de paz, ha seguido, en menor intensidad, la represión y los crímenes contra los pueblos indígenas y movimientos sociales con excepción de Colombia (en un conflicto interno desde hace más de 50 años) y de México, que en las dos últimas décadas, a consecuencia de la “lucha contra las drogas” y la narcotización de la política tradicional, han asesinado a miles de personas. Los “años de guerra” han dejado al menos 213.000 muertos de acuerdo a la académica, politóloga y escritora mexicana Denise Dresser. Las cifras pueden ser superiores todavía más.
Si antes lo “normal”, en dictadura o guerras internas, era ser asesinado por la policía o por los militares lo “nuevo”, en las últimas décadas, es la privatización del crimen, la tercerización de los asesinatos, el sicariato, el paramilitarismo, más allá de Colombia. Y, obviamente, resulta conveniente para los dueños del poder, esconder la mano del Estado; la mano de las oligarquías, que en la historia, muchas veces, han apelado a las “fuerzas del orden” por lo cual son responsables intelectuales de tantos crímenes contra las y los trabajadores como del despojo, por la fuerza, el engaño, las amenazas, de los territorios de campesinos y de nuestros primeros habitantes, los pueblos indígenas.
La privatización del crimen y la represión, significa simplemente que el Estado quiere esconder su mano. Son pragmáticos, saben que informes negativos sobre derechos humanos afectan la “imagen país” y eso perjudica los negocios. Si los crímenes, aparentemente, “los cometen otros”, como paramilitares, sicarios, delincuentes comunes, matones, guardias, “no es el Estado”. Esos crímenes los intentan pasar como delitos comunes, como asaltos, crímenes pasionales, accidente vehicular, venganzas, etc.
El Estado, la oligarquía, sus empresas, la ideología dominante, que ellos promueven, están detrás y son responsables – por acción o por omisión, por la criminalización que hacen de las protestas sociales – de muchos de los crímenes que se siguen cometiendo, y, aunque intenten esconder su mano, no debemos olvidar que el Estado es responsable porque está obligado, por los diferentes tratados y la Ley Internacional de los Derechos Humanos, a velar y garantizar el elemental derecho que tenemos a vivir y no ser violentados.
Recuerdo a Máxima Acuña, lideresa campesina en Cajamarca, Perú, que fue agredida el 2015 y 2016 por guardias de una empresa minera (5) y que “matones a sueldo, contratados por grandes hacendados y ganaderos, expulsan a los indígenas de sus tierras comunales y de sus zonas de caza y pesca” e incluso “los incendios intencionados, no sólo en Mato Grosso, se han convertido en una herramienta eficaz en manos de los latifundistas para expulsar a los indígenas” en Brasil (6).
En este territorio que habito hay 9 presos políticos mapuche en huelga de hambre, entre ellos el machi Celestino Córdova. Y siguen asesinado, deteniendo y hostigando a las comunidades mapuche en Chile.
El 06 de junio fue asesinado Alejandro Treuquil, werkén de la comunidad We Newen de Collipulli, por “individuos ajenos a la comunidad”- Decir que esta comunidad reivindican tierras en disputa con la empresa Forestal Arauco.
Semanas antes, el werkén había denunciado el hostigamiento que sufría su comunidad por parte de la policía. En Radio Universidad de Chile, Treuquil afirmó que los uniformados, a través de altoparlantes, los habían insultado y amenazado con frases como “indios culiaos ya van a caer uno por uno” y “los vamos a matar hijos de la perra” (7).
También, hace pocos días atrás, Festivales Solidarios, compartió la triste noticia que fueron asesinados, en Guatemala, “los defensores de Derechos Humanos y del territorio, de los recursos naturales, y de la vida, Ajq’ij y Ajilonel Maya Q’eqchi’, Domingo Choc Ché y Alberto Cucul”.
Un informe de Global Witness, de julio de 2019, documentó que 16 personas, defensoras del ambiente y territorio fueron asesinadas en Guatemala durante el 2018 y a nivel mundial “fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, por defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio”(8).
Un informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó 494 agresiones registradas en 2019: 15 asesinatos, 255 actos de difamación, 34 denuncias sin fundamento, 23 detenciones ilegales, cuatro detenciones arbitrarias, cinco secuestros, 13 actos de tortura y 46 intimidaciones. De estas, 111 fueron agresiones a personas de los pueblos indígenas y defensores del territorio (9).
Asesinatos, criminalización, represión, y el encarcelamiento de líderes sociales, indígenas, defensores de los territorios y del agua, suceden a lo largo de nuestra Abya Yala, en América Latina. Y si hablamos de presos políticos hay en Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador.
La impunidad, otro enemigo
La impunidad es otro enemigo que alienta a que se sigan cometiendo crímenes en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Chile, por nombrar algunos países donde continúan los asesinatos a líderes sociales, campesinos e indígenas.
Son miles los casos de impunidad que existen, en toda nuestra Abya Yala, pero quiero recordar la “Masacre de Curuguaty”, en Paraguay, ya que se cumplieron ocho años, ya que también, a medida que pasa el tiempo, va entrando en el olvido. Ocurrió el 15 de junio de 2012. Ese día, un grupo de campesinos tenía tomado un terreno público, reivindicando el derecho a la tierra, por lo cual se produjo un desalojo, donde participaron unos 300 policías; el resultado fue fatal: once campesinos y seis policías murieron en Curuguaty. También once campesinos fueron detenidos y encarcelados. Se acusó a los campesinos de haber disparado a la policía y ser los responsables de la masacre.
Uno de los abogados, defensores de los campesinos, Amelio Sisco, sostuvo que la policía había planeado con antelación la muerte de campesinos (10). Yo creo que esto es muy posible por lo que diré más adelante.
También, en los alegatos, el abogado defensor Luis Lezcano Claude, dijo que el Ministerio Público tenía el deber de la “objetividad” para “determinar los verdaderos responsables de un hecho punible y no “fabricar” a cualquier costo los supuestos culpables para de este modo cerrar el caso, como se pretende en el presente juicio” (11).
En julio de 2016, se condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 campesinos acusados. La masacre tuvo consecuencias más graves: el Congreso realizó un Impeachment, un juicio exprés, contra el presidente Fernando Lugo, responsabilizándolo por la masacre y destituyéndolo. Para muchos esto fue un golpe de Estado.
Una investigación de CIPER, posterior a estos hechos, señaló que Paulino Rojas, quien dio “la orden de desalojo que llevó a la matanza de Curuguaty y a la deposición de Lugo”, trabajó cerca de la USAID, en el programa Umbral, que donó dos millones de dólares en equipamiento a la policía: “Rojas -señala la investigación- también había recibido entrenamiento por el FBI en un curso en Virginia en 1998” (12). Es muy posible, en la trama de los golpes de Estado, que estén las manos de Estados Unidos detrás de estos hechos.
El 27 de julio de 2018, la Justicia paraguaya anuló la condena a los 11 campesinos “acusados de haber provocado la matanza” y fueron liberados luego de pasar seis años en la cárcel.
“¿Qué pasó en Curuguaty? Todavía no tiene respuesta y la muerte de esas 17 personas todavía no fueron aclaradas”, me dice Alvino Villalba de la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia de Paraguay.
Referencias
(1) El negocio de la guerra, en PDF en
http://www.azzellini.net/node/1532
(2) Mercenarios y nuevas guerras , entrevista a Dario Azzellini
https://www.azzellini.net/node/2224
(3) Comunicado de SOAW: Honduras: Autores materiales fueron condenados pero la impunidad continúa para quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres
(4) Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020
http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/
(5) Guardias de empresa minera agreden a Máxima Acuña, dirigenta campesina en Cajamarca, Perú
(6) El silenciado genocidio de los guaraníes
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191120/471450656734/guaranies-brasil-mato-grosso.html
(7) Comunero mapuche que murió baleado había denunciado violencia y amenazas de Carabineros
(8) Enfoque en la Criminalización de Activistas de la Tierra y el Medio Ambiente. https://www.globalwitness.org/en/press-releases/enfoque-en-la-criminalizaci%C3%B3n-de-activistas-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/
(9) Más de 600 líderes sociales agredidos en Guatemala desde 2019
https://www.telesurtv.net/news/guatemala-agresiones-defesores-ddhh-ultimo-ano-20200521-0002.html
(10) Policías planearon matanza de campesinos en 2012 en Paraguay, afirma defensa
(11) “Masacre de Curuguaty” – Alegatos presentados en el juicio oral
“Masacre de Curuguaty” – Alegatos presentados en el juicio oral
(12) Las claves de la destitución de Lugo en Paraguay: Los EEUU y el Impeachment
* Pablo Ruiz es del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, SOAWatch, y también parte de la Plataforma Somos Abya Yala, Somos una América.