SOA Watch ha firmado la siguiente declaración:
● Urgente garantizar la correcta identificación de las víctimas, asistir a sus familiares, esclarecer los hechos e identificar a cada uno de los responsables, incluyendo, de ser el caso, a servidores públicos involucrados.
● Organizaciones presentan denuncia y solicitan medidas cautelares ante los hechos ocurridos en Camargo, Tamaulipas el pasado 22 de enero
Ciudad de México, 27 de enero de 2021.- Ante los hechos ocurridos el 22 de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde se localizaron 19 personas -presumiblemente migrantes- calcinadas en dos camionetas, organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenamos la masacre y exhortamos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes, que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década.
Este 26 de enero, diversas organizaciones presentaron una denuncia para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas. Asimismo solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México.
A partir de que se dieron a conocer los hechos, autoridades de Guatemala, medios de comunicación mexicanos y guatemaltecos y redes sociales informaron que las víctimas probablemente serían oriundas de Comitancillo, San Marcos, Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó estar en coordinación con las autoridades mexicanas para la identificación forense de las víctimas de esta masacre, la quinta ocurrida en territorio mexicano en un período de 10 años.
Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza. Asimismo, se pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio.
Estos hechos lastiman profundamente no solo a las víctimas directas y sus familias sino a la sociedad en su conjunto, tanto en México como en los países de origen de las víctimas, contribuyendo al deterioro del tejido social de la región. La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014.
El gobierno de México ha insistido, en todas sus comunicaciones, en una migración ordenada, segura y regular, es claro que la política implementada no garantiza nada de eso. Este hecho ha demostrado que la migración no es ni segura ni ordenada, pero si tenemos la oportunidad de hacerla regular. La legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional permite otorgar a las personas estancia por razones humanitarias y solicitar asilo, sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante.
Militarizar las fronteras, no sólo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración.
En enero de 2019, el Estado mexicano hablaba de una política migratoria de derechos humanos donde, al menos durante enero de 2019, parecía que pasaríamos de una política de contención y criminalización a una de derechos humanos. Sin embargo, las presiones externas dieron un giro. No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció y se militarizaron las fronteras. No obstante, frente a los hechos, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cambiar el rumbo de nuestra política migratoria.
Por tal motivo, hacemos un llamado al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas , el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país.
A la fecha, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece la obligación de brindar apoyo a las familias a través del Mecanismo de apoyo Exterior (MAE), la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incumplido su obligación de emitir Lineamientos para que consulados y embajadas de México en los países atiendan directamente a los familiares de las víctimas. El hecho de que estas familias no cuenten con la operación integral del MAE es una violación a su derecho de acceso a la verdad y la justicia.
Si bien las investigaciones han sido adelantadas por la Fiscalía estatal, exigimos la intervención de la FGR, la cual debe garantizar investigaciones con una perspectiva de macrocriminalidad que atiendan los motivos de estos delitos así como el derecho de los familiares de las víctimas a participar y dar seguimiento al caso, a través de los mecanismos de justicia transnacional existentes, como lo es el Mecanismo de Apoyo Exterior. Estos hechos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de personas migrantes ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, así como de la desaparición de migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019. Se ha solicitado a la FGR que aplique las herramientas de la Ley Orgánica y forme un equipo mixto (junto con Tamaulipas) y una Comisión Especial con personas expertas independientes que se avoque a la investigación de estos casos, bajo una mirada de contexto.
Con el fin de evitar la repetición de investigaciones gravemente deficientes e infructuosas, como ha ocurrido reiteradamente en ese tipo de casos, exigimos que las autoridades federales y locales tomen todas las medidas necesarias y de manera inmediata, para garantizar la correcta identificación de las víctimas, asistir a sus familiares, esclarecer los hechos e identificar a cada uno de los responsables, incluyendo, de ser el caso, a servidores públicos involucrados.
Asimismo, exigimos al Estado mexicano a través de la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores:
● Garantizar un proceso adecuado de preservación y procesamiento de cuerpos y evidencias, así como en su momento, de identificación, notificación y repatriación de cuerpos, de acuerdo a los más altos estándares.
● Prontitud, debida diligencia y exhaustividad en la investigación.
● Garantizar el derecho de los familiares de posibles víctimas del caso, a acceder a las investigaciones y participar en ellas, a proporcionar y recibir toda la información disponible para las identificaciones.
● Garantizar la coordinación interinstitucional y transnacional necesaria, utilizando en lo necesario el Mecanismo de Apoyo Exterior.
● Garantizar la protección y asistencia a los familiares de las víctimas y el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley General de Víctimas, en igualdad de circunstancias.
● Garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sus familiares y la sociedad.
ATENTAMENTE
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C (IMUMI);
Scalabrianas Misión con Migrantes y Refugiados;
Albergue Casa Nicolás;
Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.;
Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana;
Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG);
Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE);
Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Guanajuato;
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO);
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras.
ORGANIZACIONES Y REDES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ADHERENTES
Alianza Binacional Migración y Desarrollo, AC (ABIMyD)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C;
Alma Migrante A.C.
Al Otro Lado TJ
Amnistía Internacional
Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica
Asociación COINCIDIR
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud
Asociación La Alianza
Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo
Asylum Access México (AAMX) A.C.
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX)
Casa del Migrante El Samaritano
Casa del Migrante de Saltillo
Centro 32/ FBT
CEG
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos- Uruguay
Cides, IAP
Clínica de Interés Público del ITAM
Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, Universidad Iberoamericana, CDMX
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Colectivo “Donde están” Acámbaro
Colectivo Migraciones para la Américas (COMPA)
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental (CDCHG)
Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros CICM de la Provincia de Latinoamérica y el Caribe (JPIC CICM-LAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) A.C
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C
Coordinación Sistémica de Migración
Cultura Migrante
CVX Ellacuria
Data Cívica A.C.
Delegación de Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Madrid
Dignidad y Justicia en el Camino A.C.
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.
Efecto Violeta-Migración Afectiva
En Búsqueda de Verdad y Justicia, Tepic Nayarit
Espacio Migrante, A.C.
Estado 33 Aztlán
Fondo Semillas
Formación y Capacitación AC
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho
Fundación Myrna Mack
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C
Gumsac
Global Exchange
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Grupo de Apoyo Técnico en Migración y Salud
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GMIES
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica.
Iniciativa La Comuna
Inmovildad en las Américas, COVID 19
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES
Instituto de Geografía para la paz AC (IGP/Geopaz)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes
Laboratorio de Investigación Social (LIS) Justicia en Movimiento
Latin America Working Group (LAWG)
Las Vanders
Mariposas en Busca de Corazones y Justicia
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género -Guatemala- México (MTMG)
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG)
México Unido Contra la Delincuencia A.C.
Migrantolog@s
Miradas en Resistencia /Guatemala
National Network for Immigrant and Refugee Rights
NLG Mesoamérica Subcommittee
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Oxfam México
Parroquia San Lorenzo
Pastoral de Movilidad Humana (PMH)
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad Iberoamericana Torreón
Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI)
Proyecto “Geografías del Desplazamiento”, Universidad de Texas-Austin y El Colegio de Sonora
Red Eclesial de Protección y Monitoreo
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)
Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RRCOM)
Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina SICSAL
Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS-México)
Servico Jesuíta a Migrantes e Refugiados – SJMR Brasil
Sin Fronteras, IAP
Stop Trump Coalition Mexico/USA
SOA Watch
T’ek’ei Grupo Interdisciplinario por la Equidad
Una Ayuda para Ti Mujer Migrante A.C
Unión Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras (UNCOMIDEH)
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Uno de Siete Migrando AC
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C
Witness at Border/Testigos en la Frontera y Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
COM-Insostenible-violencia-histórica-en-casos-de-masacres-de-personas-migrantes-en-México