La situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo preocupante. Recientemente, el 19 de marzo, fue asesinado, con múltiples disparos, el líder social Joaquín Emilio Jaramillo en Antioquia.
Así mismo, los y las indígenas y campesinos de la “Minga” social en el Cauca denunciaron, el mismo día, que sufrieron represión, con armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad, mientras realizaban una protesta social.
El 2 de abril, Deiner Ceferino Yunda Camayo, un indígena colombiano, fue asesinado por la Fuerza Pública y seis personas resultaron heridas cuando agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía reprimieron nuevamente las protestas de la “Minga”.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia desde el 01 de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2019 han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Es urgente llamar al Estado de Colombia a poner fin a la represión de la protesta social y la impunidad, sobre todo con respecto a los asesinatos sistemáticos de los y las líderes sociales y defensores de derechos humanos que lamentablemente se siguen registrando en el país.
Por otro lado, manifestamos nuestra preocupación que el Presidente de Colombia, Iván Duque, haya objetado el marco jurídico con que debe operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha resultado en que esta Ley volvió a trámite legislativo al Congreso de Colombia.
Debemos recordar que la JEP es uno de los compromisos de los Acuerdos Finales de Paz que fueron firmados el 2016 en La Habana, Cuba, entre la antigua guerrilla FARC-EP y el gobierno de Colombia, y deben ser respetados.
Estos Acuerdos Finales de Paz pusieron fin a más de 50 años de guerra entre las FARP-EP y el Estado de Colombia, y es importantes que todas las partes los respeten para seguir avanzando en la Construcción de Paz, por lo cual llamamos al Estado de Colombia a cumplir con sus compromisos.
Finalmente, denunciamos que a medida que la ex guerrilla de las FARP-EP se desmovilizó, grupos paramilitares han ocupado los territorios que las FARC-EP antes controlaban, y hoy ejercen control social y violencia contra la población.
Invitamos a nuestra base a enviar la siguiente carta al Presidente de Colombia:
Carta Urgente al Gobierno de Colombia
Sr. Iván Duque
Presidente de Colombia
A: contacto@presidencia.gov.co
CC: eestadosunidos@cancilleria.gov.co, Andres.diez@cancilleria.gov.co
Queremos expresar con esta carta nuestra preocupación y condena ante la continuidad de crímenes que se siguen registrando en Colombia.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, desde el 01 de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2019, han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Por lo anterior, pedimos al Gobierno de Colombia proteger la integridad de todas y todos los líderes sociales y de las y los defensores de derechos humanos y detener a los grupos paramilitares que siguen operando con total impunidad. También pedimos poner fin a la represión y criminalización de la protesta social.
Al mismo tiempo, lamentamos que la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haya sido objetada, en seis de sus artículos, y nuevamente se esté tramitando en el Congreso de Colombia, lo que seguirá demorando que este organismo tenga un marco jurídico sólido.
Recordamos que la JEP es parte integrante de los compromisos de implementación de los Acuerdos de Paz, firmados en noviembre del 2016, entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, y que ha logrado poner fin a 50 años de guerra con las FARC-EP, lo que posibilitó el desarme y la desmovilización de miles de ex guerrilleros a favor de la construcción de paz.
Recordamos que los Acuerdos de Paz, y sus mecanismos de implementación, son un compromiso realizado ante la Comunidad Internacional, y los países garantes, por lo cual pedimos se cumplan con la mayor prontitud posible en favor de la paz y la convivencia democrática.
Señalamos finalmente que el sistema de Naciones Unidas y su Misión de Verificación en Colombia expresaron su total respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz como organismo de justicia transicional que es parte fundamental del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. (En inglés aquí…).
En solidaridad,
SOA Watch