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Honduras – Una delegación de miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y de organizaciones solidarias estadounidenses se reunió este fin de semana con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. La delegación, organizada por Acción Permanente por la Paz – Colectivo Solidario y Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, incluyó a los congresistas Ilhan Omar (MN-05), Jesús “Chuy” García (IL-04), Cori Bush (MO-01), así como a una representante de la oficina de Jan Schakowsky (IL-09).
La presidenta Castro es la primera mujer presidenta de Honduras y fue investida en enero tras unas elecciones históricas en las que el pueblo hondureño acudió masivamente a rechazar los regímenes respaldados por los Estados Unidos que han devastado Honduras desde el golpe de Estado de 2009.
La presidenta Castro y los miembros de su gabinete compartieron unos de los principales retos a los que se enfrenta Honduras tras la dictadura de Hernández, incluida la enorme deuda que limita gravemente la capacidad de la nueva administración para invertir en escuelas, hospitales y otros programas sociales que se necesitan con urgencia. Los regímenes que gobernaron Honduras, durante los últimos doce años, obtuvieron préstamos masivos de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que vaciaron las arcas del país mediante la corrupción generalizada. Como resultado, la presidenta Castro ha heredado un gobierno con una deuda debilitante y muy pocos recursos públicos.
La presidenta Castro también compartió los pasos que su administración está dando hacia la desmilitarización de la sociedad tras doce años de represión militar y abusos de los derechos humanos, incluyendo la retirada de los militares de los espacios públicos.
Además, la delegación se reunió con el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, y con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Honduras, presidida por Xiomara Zelaya, quienes compartieron sobre la derogación de una ley de secreto de la época de Hernández para poder mejor facilitar la investigación de la corrupción, así como la aprobación de una nueva ley de reconocimiento del golpe de Estado de 2009 y sus víctimas.
“Después de 12 años de dictadura en Honduras es edificante escuchar el compromiso de la Presidente Castro de desarraigar la corrupción y defender los derechos humanos. Pero para que su administración tenga éxito, Estados Unidos debe romper con su historia de violaciones de los derechos humanos en la región, que ha impulsado el desplazamiento interno y la migración durante décadas. En cambio, debemos promover activamente el desarrollo equitativo y los derechos humanos en Centroamérica”, dijo el congresista Jesús “Chuy” García (IL-04). “Vuelvo a casa con una renovada determinación de defender a los gobiernos democráticos como el de la presidenta Castro en todo el continente americano y de trabajar para proteger a las comunidades oprimidas en Honduras y en todo el mundo”.
La congresista Ilhan Omar (MN-05) dijo: “Ha sido inspirador ver el retorno de la democracia y la voluntad del pueblo hondureño representada por la presidenta Castro. Es un momento inspirador, y una oportunidad para que los Estados Unidos apoyen su agenda anticorrupción y de derechos humanos. No será fácil, pero espero seguir trabajando con la presidenta Castro y los movimientos sociales hondureños para lograr un futuro más justo y pacífico.”
La congresista Cori Bush (MO-01) dijo: “Como enfermera, activista y congresista de St. Louis, llegué al Congreso para salvar vidas y hacer lo máximo por los que menos tienen. La reunión de este fin de semana con la presidenta Castro afirmó que nuestro trabajo como legisladores debe estar arraigado en la protección de los derechos humanos de las comunidades marginadas de todo el mundo. Me siento alentada por lo que hemos debatido, incluida la solidaridad en nuestro esfuerzo colectivo por desmilitarizar nuestras fuerzas policiales y erradicar la corrupción gubernamental. Estoy deseando trabajar en colaboración con la presidenta Castro y con los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias de Honduras que exigen responsabilidad y justicia.”
“Después de años de una dictadura violenta, apuntalada por las políticas del gobierno de Estados Unidos, me alivia que Honduras tenga una presidenta elegida democráticamente con una plataforma centrada en los derechos humanos, la reforma económica y la lucha contra la corrupción”, dijo Jan Schakowsky (IL-09).
“Este es un momento extremadamente esperanzador y frágil en Honduras. Con el presidente Biden, tenemos la oportunidad de apoyar a los movimientos democráticos en Honduras. Las políticas estadounidenses del pasado han contribuido a la muerte y la destrucción infligidas a Honduras, especialmente a las mujeres, las comunidades indígenas y afro indígenas, los activistas de los pequeños agricultores, los trabajadores y las personas LGBTQI. Es hora de trazar un nuevo rumbo, que permita a la presidenta Xiomara Castro y al pueblo de Honduras realizar plenamente sus aspiraciones.”
Declaración de Brigitte Gynther del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas y de Allison Lira de Acción Permanente por la Paz – Colectivo Solidario:
“El apoyo económico y político de Estados Unidos fue fundamental para garantizar el éxito del golpe militar de 2009 y la imposición de los regímenes posteriores al golpe. En particular, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la ‘victoria’ de Juan Orlando Hernández, en las elecciones claramente fraudulentas de 2017, fue clave para permitirle permanecer en el poder durante un segundo mandato ilegal”.
“El apoyo continuo de Estados Unidos a los regímenes posteriores al golpe de Estado mientras saqueaban a Honduras permitió su acceso a préstamos de instituciones financieras internacionales como el FMI, donde Estados Unidos mantiene un poder de veto efectivo. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una importante responsabilidad en la enorme deuda que ahora tiene Honduras”.
“Como resultado, Estados Unidos debe liderar ahora la cancelación de la deuda de Honduras para que el nuevo gobierno democráticamente elegido tenga la oportunidad de invertir en educación, salud y derechos humanos. El pueblo hondureño rechazó claramente la continuación de un régimen que facilitó el saqueo masivo de su salud y otros recursos públicos. Pues es preocupante que la inversión del nuevo gobierno en estos sectores se vea limitada por instituciones financieras internacionales como el FMI, que ha restado prioridad al gasto en salud y necesidades humanas”.
“Aunque Estados Unidos ha solicitado la extradición del expresidente Hernández y del ex jefe de la policía nacional de Honduras para que se enfrenten a cargos de narcotráfico, no es suficiente. Es necesario rendir cuentas sobre cómo Estados Unidos permitió, respaldó y financió a Hernández en todo momento y sobre la financiación, la capacitación y el equipamiento de los militares y la policía hondureños mientras cometían abusos contra los derechos humanos y traficaban con drogas. Más allá de trabajar por la cancelación de la deuda de Honduras, Estados Unidos debería dar pasos hacia la rendición de cuentas, como la desclasificación de los documentos estadounidenses relacionados con el golpe y su posterior compromiso con los sucesivos regímenes posteriores al golpe en Honduras”.
“Lo que realmente se necesita es que Estados Unidos cambie profundamente sus prioridades en su relación con Honduras. Estados Unidos debería dejar de promover políticas económicas neoliberales como la privatización de la salud, la educación y otros servicios públicos esenciales, todo lo cual ha contribuido a la enorme desigualdad y pobreza que ha impulsado la migración desde Honduras”.
“Las comunidades organizadas alrededor de Honduras están trabajando para reconstruir su nación después de más de una década de gobiernos, posterior al golpe de Estado, marcados por la violencia estatal generalizada, la corrupción y la impunidad. Si Estados Unidos quiere ser un verdadero socio en su trabajo para construir una democracia participativa y un estado de derecho en Honduras, debería priorizar el respeto a la autonomía del pueblo hondureño y a su gobierno democráticamente elegido”.