SOAWatch ha firmado el siguiente comunicado:
COMUNICADO PÚBLICO
La vigilancia ilegal y perfilamiento a personas defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales, integrantes de partidos políticos, sindicalistas y periodistas por parte de las Fuerzas de Seguridad es un PATRÓN que se repite una y otra vez.
Las organizaciones abajo firmantes, que trabajan por la construcción de la paz, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la protección de las organizaciones defensoras, ante las nuevas revelaciones conocidas el primero de mayo a través de la revista Semana y posteriormente a través de otros medios, en relación con los “perfilamientos” perpetrados por organismos de ciberinteligencia del Ejército Nacional de Colombia hacia periodistas nacionales e internacionales, personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, integrantes de partidos políticos y funcionarios públicos, manifestamos públicamente lo siguiente:
- Toda nuestra solidaridad con las más de 130 personas que han sido víctimas del seguimiento y las interceptaciones ilegales, en flagrante violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la información, a defender los derechos humanos, entre otros.
- En la misma línea del comunicado de la FLIP solicitamos el esclarecimiento de los hechos, en particular el conocimiento de: los responsables de las órdenes de los “perfilamientos”; si el alto gobierno estaba al tanto de éstas actividades espionaje y vigilancia; la verdad sobre los receptores de la información; el uso dado a la información obtenida ilegalmente, las razones por las que se les seguía y las acciones de orden disciplinario, penal y administrativo que se tomarán para evitar que este tipo de hechos, que han venido siendo denunciados desde 2009 por más de 230 organizaciones que realizaron la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, y motivaron la disolución del DAS, sigan sucediendo.
- Queremos expresar además, nuestra profunda preocupación, por la alta vulnerabilidad en que se encuentran defensores y defensoras de derechos humanos, del medio ambiente, periodistas, líderes/as sociales, promotores de paz que desde los territorios trabajan por la construcción de democracia real en Colombia. Como ha trascendido en los medios de información, buena parte del espionaje se adelantó a través de la “inteligencia de fuentes abiertas” y aún más grave con sistemas de interceptación y control remoto de los equipos digitales de trabajo y personales con el objetivo de “perfilar” a sus víctimas. Destacamos el caso de los periodistas del portal Rutas del Conflicto que estaban indagando por contratos de seguridad entre empresas petroleras y minero-energéticas con el ejército nacional, lo que puede explicar la persecución a este medio. En este sentido, preocupa la situación de líderes y lideresas sociales, defensoras y defensoras del medio ambiente que han denunciado a través de estos medios de información, los acuerdos formales o informales de seguridad de empresas extractivas, agroindustriales o de infraestructura, con el ejército, por los daños irreparables a la vida y a la integr idad personal que se puedan sobrevenir.
- La interceptación ilegal a los equipos informáticos y de comunicación de las personas impone otra mordaza contra la libre expresión, constituyéndose en un nuevo mecanismo de represión social, que debilita la democracia. Al provenir del interior de las propias fuerzas militares, que tienen la obligación constitucional de proteger, impone la necesidad de buscar mecanismos autónomos de seguridad digital, por ejemplo, que puedan garantizar, en medio de la precariedad de la situación, continuar ejerciendo la labor que los medios, líderes sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos vienen desarrollando. ||
- A pesar de la expedición de la ley 1621 en el 2013, conocida como ley de inteligencia y contra inteligencia, estas acciones ilegales no desaparecieron, sino que persistieron y confirman un patrón de persecución a través de la inteligencia ilegal que involucra a altos mandos militares, autoridades civiles En esta ley se urgía “un sistema de depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, orientado por el informe de recomendaciones” de una Comisión Asesora. Dicha comisión presentó su informe que no fue atendido. Solicitamos que las recomendaciones de este informe, como lo ordena el artículo 30 de la Ley 1621, sean atendidas de manera inmediata.
- La desclasificación de los archivos de inteligencia sobre violaciones a los derechos es un imperativo en esta etapa transicional en Colombia. Esclarecer la verdad sobre las violaciones cometidas en el marco de operaciones encubiertas y de inteligencia ilegal permitirá establecer las medidas que debemos adoptar para que estos hechos no se repitan.
- Nos sumamos a la petición efectuada por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que solicitó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la entrega de los documentos relacionados con los seguimientos y espionajes informáticos, “a fin de esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.
- Respaldamos la petición de las organizaciones de la sociedad civil internacional al Estado colombiano para que “brinde las garantías suficientes a la vida e integridad y el derecho a la defensa de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en general y de manera particular de quienes han quedado expuestas con esta práctica ilegal”.
- Promovemos la discusión pública que conlleve a las reformas urgentes y estructurales del sector Defensa y Seguridad que incluya el cambio de su doctrina, la rendición de cuentas y controles civiles y judiciales efectivos e independientes, y tal como lo expresó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la “regulación e implementación de las actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la protección de los derechos humanos, no vulnerarlos”}
- Instamos al Estado a emprender acciones inmediatas que protejan la vida y el trabajo de las personas defensoras, periodistas y liderazgos sociales, sobre todo de quienes afirman derechos desde los territorios, ya que este espionaje ilegal que compromete al ejército de Colombia incrementa su riesgo y más en estos tiempos de COVID-19 donde han continuado los ataques y asesinatos de personas defensoras y líderes/as sociales en las regiones, sin que el gobierno tenga una respuesta tal como afirmó la Ministra del Interior, Alicia Arango, al responder los interrogantes de congresistas sobre el orden público en el Cauca, durante la sesión de la Comisión Séptima del Senado.
Mayo 11 de 2020
PDF FIRMAS Y COMUNICADO_PERFILAMIENTOS_ILEGALES_DEL_EJERCITO_COLOMBIA