La Comisión construcción de paz, antimilitarismo y no violencia, de la Gran Alianza Convida 20, después de realizar el foro virtual Impunidad, memoria y esperanza en El Salvador, el 26-10-2020, lanzó una campaña de firmas en demanda de justicia para San Óscar Romero y el Mozote.
PDF: Comunicado de Prensa – PDF: Firmas de Campaña
La respuesta ha venido de 31 países, recibiendo 542 firmas; 471 son de personas naturales y 71 de organizaciones sociales. Todas son expresiones valiosas de la creciente exigencia nacional e internacional de justicia, y como tal deben ser atendidas por las autoridades correspondientes del Estado salvadoreño; sin embargo, queremos destacar las de:
- Adolfo Pérez Ezquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina
- Martín Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay
- Dos luchadores de los derechos humanos en El Salvador: José María Tojeira y María Silvia Guillén;
- y de importantes organizaciones como: FESPAD y otras 14 organizaciones de El Salvador; SICSAL, de varios países; SOA Watch, Estados Unidos; Pax Chisti Internacional y varios Comités Mons. Romero.
A continuación presentamos la petición que se ha firmado y hoy, en el marco del 31 aniversario de la Masacre de la UCA, dirigimos al Fiscal General de la República, el Presidente de El Salvador y el Ministro de la Defensa Nacional:
Las personas y organizaciones firmantes, en relación con el asesinato de San Óscar A. Romero y la Masacre de El Mozote y lugares aledaños expresamos gran preocupación porque, después de 40 años, no han sido llevados a la justica los responsables del crimen de lesa humanidad contra Mons. Romero. Las instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así lo han determinado; sin embargo, el Estado no ha cumplido sus obligaciones internacionales relativas al caso. Por otra parte, en todo el mundo, ha crecido el reconocimiento de Monseñor como signo lucha por la verdad y justicia para las víctimas, especialmente las de graves violaciones a los derechos humanos: secuestrados, torturados, desaparecidos, violados, masacrados; asimismo ha crecido la conciencia colectiva de que la justicia en este caso no se puede postergar más.
En cuanto al proceso penal contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices de la masacre El Mozote y lugares aledaños, reconocemos la persistencia, valentía y organización de las víctimas en exigir sus derechos a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, según las leyes salvadoreñas y los estándares internacionales sobre la justicia transicional. Denunciamos que el bloqueo del acceso a los archivos militares relativos a la masacre El Mozote y lugares aledaños es contrario a la Constitución del República de El Salvador, así como al derecho interno e internacional.
Por tanto, DEMANDAMOS:
- Al presidente de la República, señor Nayib Bukele, cumplir cabalmente las leyes de la República y las relativas al compromiso internacional del Estado salvadoreño en relación a los derechos humanos, en los casos del asesinato de San Óscar Romero y la apertura de los archivos militares que ayuden determinar la verdad y justicia sobre la masacre El Mozote y lugares aledaños
- Al ministro de la defensa nacional, René Francis Merino Monroy, y los demás involucrados en la cadena de mando, someterse al poder civil y las leyes nacionales e internacionales que ha ratificado el Estado salvadoreño relativas a los derechos humanos; por tanto, facilitar el acceso a los archivos militares en relación con la masacre de El Mozote y lugares aledaños
- Al Fiscal General de la República, Raúl Melara, cumplir su deber en cuanto al crimen contra San Óscar A. Romero -investigación y acusación contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices- y el aviso sobre los posibles delitos cometidos por el presidente de la república y el ministro de la defensa nacional, al impedir la inspección a los archivos militares en relación con el proceso penal por la masacre El Mozote y lugares aledaños.
San Salvador, 16 de noviembre de 2020
DEMANDA DE JUSTICIA EN EL CASO DE MONSEÑOR OSCAR ROMERO Y POR LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS MILITARES SOBRE LA MASACRE DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS, EN EL SALVADOR
Las personas y organizaciones firmantes, en relación con el asesinato de San Óscar A. Romero y la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, al pueblo de El Salvador y los pueblos del mundo EXPRESAMOS:
Sobre el crimen de lesa humanidad contra Mons. Romero:
• Nos preocupan los 40 años de impunidad. El escuadrón de la muerte que lo ejecutó el 24 de marzo de 1980, así como los autores intelectuales y cómplices -militares, civiles con poder económico, político y mediático- no han sido investigados, juzgados y sancionados. Después de 40 años, la justicia salvadoreña sigue protegiendo a los criminales, contraviniendo así el derecho nacional y el internacional; incumpliendo a cabalidad los compromisos internacionales que ha asumido el Estado salvadoreño, en materia de derechos humanos. De modo especial, el Estado no ha cumplido integralmente las tres recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según su informe 37/00 (13-04-2000): juzgar a los responsables, reparar las violaciones cometidas y adecuar las leyes internas a la Convención Americana para dejar sin efecto la ley de amnistía general de 1993.
• El proceso penal en este caso avanza lento y menos que a medias. El Juzgado IV de instrucción, en mayo de 2017, reabrió el proceso penal contra el único imputado, por el momento, el ex capitán Álvaro Saravia, sobre quien ya pesa orden internacional de captura. Hasta hoy, no hay captura ni juicio. Luego el juez determinó que la Fiscalía General de la República debería investigar y llevar a la justicia a nuevos implicados en el crimen. Hasta hoy, ninguno más ha sido acusado en un tribunal de justicia. Para la CIDH, en la reunión de trabajo del 30 de septiembre de este año, después de 40 años, este caso ya debiera estar plenamente judicializado y, por tanto, urgió al Estado para que en los próximos meses presente un plan y programa de cumplimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición por este caso.
• Reconocemos y seguimos el legado de justicia de San Romero. Él representa para El Salvador y el mundo, la necesidad y ejercicio de una constante denuncia contra todo sistema político social que genera exclusión, represión y violencia contra los ciudadanos y organizaciones civiles que exigen el respeto y vigencia de todos sus derechos; que victimiza, por ejemplo, la lucha por la dignidad, la justicia, solidaridad, respeto al medio ambiente, y produce víctimas: perseguidos, asesinados, masacrados; detenidos y desaparecidos o detenidos y torturados, detenidos y asesinados. En cualquier pueblo del mundo, inspira asimismo la participación de todos, especialmente los pobres y las víctimas, para constituir un nuevo sistema económico, social y político sobre la base del respeto a la vida, la dignidad y derechos de todos los seres humanos; la justicia social, la autodeterminación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, la justicia social y la solidaridad nacional e internacional.
En cuanto al proceso penal contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices de la masacre El Mozote y lugares aledaños:
• Reconocemos la persistencia, valentía y organización de las víctimas en exigir sus derechos a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, según las leyes salvadoreñas y los estándares internacionales sobre la justicia transicional; también la competencia, imparcialidad y determinación del Juez de Instrucción de San Francisco Gotera que se ocupa de este proceso penal.
• Denunciamos el bloqueo del Presidente de la República y del Ministro de la Defensa Nacional a la orden judicial de inspección de los archivos militares. Según la legislación salvadoreña, dichas acciones pueden configurar la comisión de varios delitos sobre los cuales ya ha recibido aviso la Fiscalía General de la República, por ejemplo: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia y encubrimiento.
• Señalamos que el bloqueo a la inspección de los archivos militares revictimiza a todos las afectados por la masacre El Mozote y lugares aledaños. La injustificada e ilegal denegación afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación establecidos en los Arts. 8.1 y 25, en relación con el 1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por tanto, DEMANDAMOS:
• Al presidente de la República, señor Nayib Bukele, cumplir cabalmente las leyes de la República y las relativas al compromiso internacional del Estado salvadoreño en relación a los derechos humanos, en los casos del asesinato de San Óscar Romero y la apertura de los archivos militares que ayuden determinar la verdad y justicia sobre la masacre El Mozote y lugares aledaños.
• Al ministro de la defensa nacional, René Francis Merino Monroy, y los demás involucrados en la cadena de mando, someterse al poder civil y las leyes nacionales e internacionales que ha ratificado el Estado salvadoreño relativas a los derechos humanos; por tanto, facilitar el acceso a los archivos militares en relación con la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
• Al Fiscal General de la República, Raúl Melara, cumplir su deber en cuanto al crimen contra San Óscar A. Romero -investigación y acusación contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices- y el aviso sobre los posibles delitos cometidos por el presidente de la república y el ministro de la defensa nacional, al impedir la inspección a los archivos militares en relación con el proceso penal por la masacre El Mozote y lugares aledaños.