El 23 de junio de 2020, Estados Unidos deportó a Haití a Emmanuel ‘Toto’ Constant, un notorio líder de los escuadrones de la muerte haitiano, quien estaba en la nómina de la CIA, después de años de protegerlo de su responsabilidad. Constant dirigió el brutal grupo paramilitar FRAPH el que mató, torturó y violó a partidarios de Aristide en Haití en los años posteriores al golpe militar de 1991.
Como detalla el Centro para los Derechos Constitucionales, Constant “fue el líder de FRAPH durante el gobierno militar de Haití, de 1991-1994, que cobró la vida de aproximadamente 5000 haitianos y orquestó una campaña sistemática de violación y otras torturas, incendios premeditados y ejecuciones contra los residentes de las comunidades más pobres de Haití”. Durante un período significativo de este tiempo, Constant estuvo en la nómina de la CIA (como informó el mismo The New York Times).
Cuando Aristide regresó a la presidencia de Haití en 1994, Constant escapó de su responsabilidad al huir a los Estados Unidos con la ayuda de una visa estadounidense. Vivía libremente en la ciudad de Nueva York, pero fue reconocido por miembros de la comunidad haitiana que denunciaron su presencia. Después de una protesta, fue detenido por inmigración e iba a ser deportado a Haití entonces – cuando podría haber sido considerado responsable. Sin embargo, Constant amenazó con divulgar detalles de su relación con la CIA y de repente fue liberado de la detención de inmigrantes. Continuó viviendo libremente en los Estados Unidos.
En 2000, hubo un juicio histórico en Haití contra Constant y otros, incluidos funcionarios de alto rango, por la masacre de Raboteau. A pesar de las solicitudes de extradición del gobierno haitiano, Estados Unidos volvió a proteger a Constant al negarse a extraditarlo a Haití. Fue declarado culpable en ausencia por la masacre de Raboteau. Sin embargo, gracias al gobierno de los Estados Unidos, continuó viviendo libremente en Nueva York.
Después de que Constant escapó de la rendición de cuentas en Haití, en 2004, el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas y el Centro de Derechos Constitucionales presentaron una demanda civil contra Constant en los Estados Unidos en nombre de las mujeres haitianas que sobrevivieron a la violencia y la violación de FRAPH.
Constant fue declarado responsable de crímenes de lesa humanidad y tortura, incluida la violación y el uso sistemático de la violencia contra las mujeres, y se le ordenó pagar 19 millones de dolares por daños. Posteriormente, en 2008, fue condenado en Nueva York por hurto y fraude hipotecario y sentenciado de 12 a 37 años. En abril de 2020, después de cumplir 12 años prisionero, fue puesto en libertad condicional ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a pesar de la recomendación del juez de que cumpliera el mandato completo dada la posibilidad real de que el acusado pudiera evadir la justicia debido a la inestabilidad del sistema judicial haitiano. Fue rápidamente programado para ser deportado, pero retirado de un vuelo de deportación, de mayo, después de que el CEPR publicará una denuncia. Numerosas voces pidieron que no fuera deportado en el contexto actual, temiendo que su llegada a Haití pudiera generar inestabilidad.
Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Trump lo envió de regreso a Haití, donde a pesar del hecho de que fue arrestado y encarcelado a su llegada, muchos temen que no se le haga responsable dado que los partidarios del FRAPH se encuentran en lugares altos en el régimen actual de Haití. Dado que Constant fue condenado en ausencia, tiene derecho a un nuevo juicio, que muchos temen podría ser una farsa. Otro de los condenados originalmente en ausencia por la misma masacre escapó posteriormente de la responsabilidad y es el jefe de gabinete asistente del ejército haitiano.
Como Mario Joseph y Brian Concannon, que trabajaron en nombre de las víctimas en el histórico caso de la masacre de Raboteau, escriben, en un reciente artículo de opinión, un nuevo juicio “ahora se llevará a cabo bajo un gobierno que socava constantemente el enjuiciamiento de los notorios violadores de los derechos humanos”. Ellos agregan que:
“Cuando el ex dictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier regresó a Haití, en enero de 2011, el gobierno lo procesó inicialmente. Pero cuando el presidente Michel Martelly asumió el cargo en abril, sus fiscales cambiaron de rumbo y convencieron al juez de desestimar el caso alegando que el plazo de prescripción había expirado…
Peor aún, los matones aliados con la administración de Moïse últimamente han estado llevando a cabo ataques que recuerdan a los de los escuadrones de la muerte de Constant contra poblaciones civiles similares, con impunidad, pero en menor escala. Tememos que Constant pueda ayudar a ampliar esos ataques”.
SOA Watch se solidariza con el pueblo haitiano y las organizaciones de derechos humanos mientras se esfuerzan, una vez más, por exigir justicia para los violados, asesinados y torturados por el FRAPH.
Denunciamos el hecho de que los Estados Unidos frustraron los esfuerzos para responsabilizar a Constant al negarse a extraditarlo para el juicio original y en su lugar lo deportaron ahora, cuando los partidarios de FRAPH están en posiciones poderosas.
También sabemos que los Estados Unidos también debe rendir cuentas por coordinar y pagar a Constant mientras era líder de un escuadrón de la muerte y por su larga y racista historia de intervención estadounidense en Haití que ha frustrado repetidamente el derecho del pueblo haitiano a la autodeterminación y ha facilitado violaciones masivas de los derechos humanos.
SOAWatch