En los meses pasados, los poderosos medios de prensa, en todo el mundo, informaron y mostraron masivamente el envío de camiones con supuesta ayuda humanitaria que EEUU mandaba, vía Colombia, a Venezuela.
Era, a todas luces, un acto de propaganda y una operación de “inteligencia” más del gobierno estadounidense con el fin de desprestigiar y derrocar al gobierno venezolano.
¿Cómo podía ser que el mismo gobierno de Estados Unidos, que aplica sanciones económicas contra Venezuela, estuviera al mismo tiempo preocupado de la situación humanitaria de este país y que ha sido generada por esas mismas medidas coercitivas que ellos aplican y que tanto daño han hecho a la población venezolana?
No hay dudas que los efectos de las sanciones económicas y las acciones de sabotaje impulsadas por los mismos Estados Unidos han causado un duro impacto en la economía venezolana y en su pueblo como lo señala el Informe del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) titulado: “Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela”.
El Informe del CEPR, firmado por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, indica “que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018”.
“Las sanciones – señala el informe – redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables”.
El documento afirma que las sanciones económicas “encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados Unidos es signatario” y que, al mismo tiempo, “Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EEUU”.
Mientras EEUU enviaba, supuestamente, 20 millones de dólares en ayuda humanitaria se estima que los dineros retenidos por EEUU, Gran Bretaña y otros países a Venezuela superan ya los 20 mil millones de dólares. Esta situación, la falta de divisas, el bloqueo de las cuentas bancarias, la guerra económica, objetivamente impiden a Venezuela comprar alimentos y medicamentos en el mercado internacional.
Entonces, la actitud humanitaria de EEUU con Venezuela es completamente hipócrita. Si EEUU quiere que Venezuela mejore su situación económica, que se detenga el movimiento migratorio, debe dejar de aplicar sanciones económicas contra esta nación y, por sobre todo, debe devolver los capitales que han sido retenidos (o robados) al pueblo venezolano.
Por otro lado, resulta irónico escuchar al gobierno de EEUU hablar de ayuda humanitaria cuando persigue, en su mismo seno, a quienes dan ayuda humanitaria como les pasa a los activistas de No Más Muertes.
En Arizona, EEUU, por ejemplo, fiscales federales anunciaron que someterán, nuevamente, a juicio al activista de No Más Muertes, Scott Warren, luego que un jurado se negara a condenarlo por haber proporcionado agua, alimentos, ropa limpia y camas a dos inmigrantes indocumentados que cruzaron el desierto de Sonora, en el sudoeste de Arizona. De ser declarado culpable, el activista podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel.
Se calcula que, en las últimas dos décadas, alrededor de 7.242 inmigrantes indocumentados han muerto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde el arresto de Scott Warren, No Más Muertes ha contabilizado que 127 inmigrantes han muerto en la frontera de Arizona. No hay dudas que para los inmigrantes que huyen de la pobreza y de la violencia, auspiciada por los mismos Estados Unidos, no hay ayuda humanitaria, ni derechos humanos, sólo hay muros, detención y violencia por parte del gobierno estadounidense.
Por Pablo Ruiz, SOAWatch. Este artículo fue publicado en la Revista El Derecho de Vivir en Paz
Documento: PDF: Venezuela-sanctions-2019-05-spn