Una historia de violencia institucional en la frontera de EE.UU.

Por Dévora González (SOAWatch) y Azadeh Shahshahani (Project South)
Traducción por Ana Maria Vasquez

Cuando se trata del gobierno de los EE.UU, nadie debe confundir el tamaño de la agencia con el grado de responsabilidad que tiene la misma. Por ejemplo, la Patrulla Fronteriza de los EE.UU es la agencia federal de aplicación de la ley más grande del Departamento de Seguridad Nacional, pero ha operado con poca supervisión y con impunidad casi total. Con casi un siglo de antigüedad, la Patrulla Fronteriza se creó bajo el Departamento de Trabajo en 1924 para hacer cumplir las leyes xenófobas. Enraizada en la opresión sistémica, la agencia ha fomentado una cultura de brutalidad entre sus agentes desde su creación. Por lo tanto, debe ser eliminada.  

Historia de la Patrulla Fronteriza

La Patrulla Fronteriza fue creada como una forma de apaciguar a los supremacistas blancos por lo tanto se convirtió esencialmente en una agencia que funcionaba como “instrumento de vanguardia del paramilitarismo racial“. Los primeros agentes eran miembros del Ku Klux Klan, los Rangers de Texas, o de los departamentos de policía de las ciudades fronterizas. También se creó en respuesta a la migración a los Estados Unidos, que se controlaba a través de un sistema de cuotas que privilegiaba a los países de Europa occidental, y excluía explícitamente a otros, como las personas de Asia. Cuando se hicieron excepciones para migrantes no blancos, se hicieron al servicio de los intereses capitalistas. Esto incluye a los migrantes mexicanos, que fueron excluidos del sistema de cuotas para que las empresas del Suroeste pudieran continuar beneficiándose de su mano de obra barata. Con la creación de la agencia, y para controlar la migración desde el Sur, se requirieron puertos de entrada para ingresar a los Estados Unidos. Para legitimar los puertos de entrada, fue criminalizado el cruce de un lado a otro del puerto de entrada, creando así el concepto de inmigración “ilegal” a los Estados Unidos. Esto impactó principalmente a los mexicanos, quienes fueron la fuente de mano de obra barata.

La violencia en nombre de la “protección fronteriza” ha sido el modus operandi de la Patrulla Fronteriza. Las personas que cruzaban para trabajar desde México fueron sometidas a pruebas de alfabetización, tarifas de ingreso e inspecciones higiénicas degradantes para “prevenir” la propagación de la enfermedad. Además, los agentes de la Patrulla Fronteriza eran conocidos por golpear, [disparar] y [colgar] a los migrantes con regularidad. De 1974 a 1989, sólo en la frontera de California / Baja California, 44 personas resultaron heridas o asesinadas por la Patrulla Fronteriza o por la colaboración entre la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Policía de San Diego llamada Unidad de Prevención de Delitos Fronterizos.

Para la década de 1980, la migración desde el Sur dejó de ser para obtener empleo, y fue en vez por la urgencia de huir de las condiciones creadas por la política exterior y la intervención de los Estados Unidos. Personas centroamericanas se vieron gravemente afectadas por la violencia en curso y por dificultades económicas, la mayoría de estas situaciones fueron exacerbadas por la intervención de los Estados Unidos en forma de entrenamiento militar y respaldo financiero para regímenes represivos. De hecho, las violaciones a los derechos humanos y el genocidio fueron perpetrados por dictadores entrenados en Estados Unidos. Sacerdotes de alto perfil, comunidades enteras y cualquier persona que desafiara al Estado eran brutalmente asesinados y desaparecidos por milicias entrenadas en los Estados Unidos. Los que sobrevivieron fueron desplazados, sólo para convertirse en refugiados en los Estados Unidos. A medida que numerosos países estaban involucrados en conflictos prolongados, la migración a los EE.UU., en lugar de ser temporal, se volvió permanente. Desafortunadamente, los inmigrantes no europeos, como los centroamericanos, ingresaron y continúan existiendo en un clima político que siguió siendo poco acogedor para ellos.

…el verdadero número de personas que han desaparecido cruzando la frontera entre Estados Unidos y México nunca se conocerá realmente.

Ignorando a propósito las consecuencias de la intervención de EE.UU., la Patrulla Fronteriza continuó y continúa operando sin ninguna visión de la política exterior considerando su presencia continua en las tierras fronterizas y el desarrollo de centros de detención con fines de lucro no sólo justificables, si no también necesarios. CoreCivic (formalmente conocido como Corrections Corporation of America – CCA) se fundó en 1983 y firmó su primer contrato con los Servicios de Inmigración y Naturalización (INS) en Houston para administrar el primer centro privado de detención ese mismo año. La cultura de crueldad en la que ha existido la Patrulla Fronteriza se ha expandido a centros de detención con fines de lucro, políticas de migración, y militarización de las tierras fronterizas. La Patrulla Fronteriza está arraigada en políticas xenófobas y continúa deshumanizando a las personas mientras se beneficia de la necesidad que tienen los migrantes de viajar al Norte por razones económicas o políticas. 

Prevención a través de la disuasión

En 1994, la Patrulla Fronteriza implementó su estrategia de Prevención a través de la disuasión en un intento por controlar la migración desde puntos de entrada no autorizados. Para hacerlo, creó un peligro mortal para que las personas decidieran no cruzar. Esta estrategia aumentó drásticamente el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, además de crear puntos de control, torres y muros para convertir en armas a los paisajes naturales. Además, esta estrategia va acompañada de condiciones de detención infrahumanas, ha mejorado el complejo industrial corporativo, y ha dado lugar a la promulgación de políticas como la Operación Streamline, que aumentó la criminalización de la migración sin tener en cuenta las condiciones que hacen huir a las personas. En 2003, la Patrulla Fronteriza se convirtió en parte de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), asumiendo una misión antiterrorista cuando se reorganizó en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin abordar nunca la cultura de brutalidad de la que deriva, sino prosperando en ella.

Las tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza como resultado de la estrategia de Prevención a través de la disuasión, resultan en muertes y desapariciones. No Más Muertes (No More Deaths, en inglés), una organización de ayuda humanitaria localizada en el desierto de Sonora, grabó imágenes de 2010-2017 de la Patrulla Fronteriza cortando, arrojando y destruyendo galones de agua para aquellos que cruzan. La principal causa de muerte de las personas cuyos cuerpos son encontrados en el desierto de Sonora es la exposición a los elementos. Desafortunadamente, rastrear la causa de muerte de personas encontradas revela una realidad deprimente; es decir, que la única evidencia de los viajes de los migrantes a los EE.UU. son restos óseos. Si bien, a veces, hay pistas sobre cómo murió un individuo, para muchos la causa de la muerte permanece indeterminada. Como resultado, el verdadero número de personas que han desaparecido cruzando la frontera entre Estados Unidos y México nunca se conocerá realmente.

…la crueldad bajo la cual se creó la Patrulla Fronteriza nunca se ha desmantelado.

Desde 2010, 102 personas han muerto a manos de la Patrulla Fronteriza y miles han desaparecido, y, sin embargo, ningún agente de la Patrulla Fronteriza ha sido responsabilizado por asesinato alguno, incluso cuando estos casos violan la soberanía de otro Estado-nación. Sergio Adrián Hernández Güereca y José Antonio Elena Rodríguez son dos de las seis personas asesinadas en suelo mexicano por agentes ubicados en el lado estadounidense de la frontera, estableciendo un precedente inquietante para que los agentes actúen por su propia cuenta matando con impunidad. Sergio Adrián Hernández Güereca fue asesinado el 7 de junio de 2010, en Ciudad Juárez, por el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa Jr. en El Paso, Texas. No se han presentado cargos penales contra el Agente Mesa. Además, a principios de este año, la Corte Suprema dictaminó que la familia Hernández Güereca no tiene derecho a presentar cargos civiles ya que “Hernández no tenía protección constitucional contra el uso asesinato en virtud de la Cuarta Enmienda, así como los derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda, porque no estaba en los Estados Unidos“.

Uno de los asesinatos más emblemáticos es el de José Antonio Elena Rodríguez, a quien el agente Lonnie Swartz asesinó dándole 10 balazos en la espalda a través del muro fronterizo, el 10 de octubre de 2012, mientras estaba en su ciudad natal de Nogales, Sonora. Swartz alegó que actuaba en defensa propia y, sin embargo, tuvo la oportunidad de recargar su arma para continuar disparando al adolescente que ya estaba muerto. Swartz fue enjuiciado dos veces en Tucson, AZ; durante el primer juicio, fue declarado inocente del asesinato en segundo grado y se enfrentó a un jurado indeciso en los cargos de homicidio involuntario y voluntario. Durante el segundo juicio, fue exonerado de homicidio involuntario con un jurado indeciso sobre homicidio voluntario. El caso no fue a juicio por tercera vez. Siete años después de su asesinato, la madre de Elena Rodríguez, Araceli Rodríguez, y la abuela, Taide Zojo, continúan buscando justicia. Esperan presentar su caso ante la Corte Suprema a pesar del precedente alarmante establecido por el caso Hernández Güereca.

Los abusos contra los derechos humanos por parte de la Patrulla Fronteriza provienen de la militarización del territorio fronterizo y el aumento del uso de las detenciones. Las condiciones tortuosas en las instalaciones de corta duración, como la desnutrición, la falta de agua y la falta de atención médica, incluso impuestas a las mujeres embarazadas, son frecuentes y han empeorado bajo la administración de Trump. Desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, cinco niños murieron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Felipe Gómez Alonzo, un niño de ocho años de Guatemala, murió de influenza tipo B, el 23 de diciembre de 2018, bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Fue transportado a un hospital en Nuevo México, donde descubrieron que tenía fiebre de 103 grados °F (39.4°C). Después de ser observado durante 90 minutos, regresó a la custodia de la Patrulla Fronteriza y, por la noche, estaba “vomitando, con náuseas y letargo, perdió el conocimiento durante el traslado al mismo hospital … Fue declarado muerto a las 11:48 pm“.  Unos meses después, el 19 de mayo de 2019, Carlos Gregorio Hernández Vásquez, un joven de 16 años, que también era Guatemalteco, murió en el sur de Texas, en una estación de la Patrulla Fronteriza, por gripe, sin recibir atención médica, a pesar de su fiebre de 103 grados °F (39.4°C). Un video del centro de detención muestra que estuvo “retorciéndose durante al menos 25 minutos en el piso y en un banco de concreto. Lo muestra tambaleándose hacia el baño y desplomándose en el suelo, donde permaneció, en la misma posición, durante las siguientes cuatro horas y media“. Gómez Alonzo y Hernández Vásquez son ejemplos de que la crueldad bajo la cual se creó la Patrulla Fronteriza nunca se ha desmantelado. En cambio, ha crecido y mata, sin remordimientos, con sus políticas y tácticas, directa e indirectamente.

…la Patrulla Fronteriza continúa prosperando en su cultura de la crueldad mientras opera con un alarmante nivel de impunidad…

La Patrulla Fronteriza, COVID-19 y las protestas de Vidas Negras Importan (Black Lives Matter)

La Patrulla Fronteriza ha hecho una práctica de mantener a las personas en condiciones inhumanas: el agua no está disponible, los alimentos los enferman, las celdas están demasiado frías que les llaman congeladores y están atestadas de gente, la atención médica es insuficiente que hasta niños mueren bajo su custodia y las mujeres embarazadas son maltratadas y no obtienen la atención adecuada. Ahora que estamos en una era de una pandemia global cual requiere distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso de máscaras, para mantener y proteger a los demás, la Patrulla Fronteriza ha “implementado el tipo de sistema de deportación “exprés” que el presidente Donald Trump ha usado, durante mucho tiempo, ensalzado como su enfoque preferido para la aplicación de la ley de inmigración”. Incluso antes de ser trasladados a una estación de la Patrulla Fronteriza, y sin ninguna evaluación médica, los migrantes son expulsados en un promedio de 96 minutos. La Patrulla Fronteriza deporta a alrededor del 85% de las personas que detiene y criminaliza a quienes tienen deportaciones previas. La retórica de proteger las fronteras contra las enfermedades es una vez más parte de la narrativa pública de la Patrulla Fronteriza, y ahora incluso impide a los niños las protecciones que una vez recibieron. “La enfermedad no conoce la edad”, dijo a la prensa el comisionado interino de CBP, Mark Morgan. “Cuando [los menores de edad] cruzan la frontera, representan un riesgo absoluto y concreto para la salud pública de este país y de todas las personas con las que entran en contacto“. Las nuevas normas de inmigración, implementadas el 21 de marzo de 2020, bajo la apariencia de la pandemia mundial de salud han llevado a la Patrulla Fronteriza a expulsar y detener a más de 10,000 solicitantes de asilo mexicanos y centroamericanos sin la capacidad de ejercer su derecho a buscar refugio y asilo. Bajo la administración Trump, se han perdido décadas de trabajo para proteger los derechos de los migrantes y los refugiados, ya que la Patrulla Fronteriza opera con un poder ilimitado y sin control; esencialmente, funciona como una organización paramilitar que viola continuamente los derechos humanos y civiles.

En medio de COVID-19, enfermedad que impacta con mas fuerza a las personas de color, protestas a gran escala de las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter) han estallado en los Estados Unidos y en todo el mundo para poner fin al asesinato de personas Negras sancionado por el Estado. El linchamiento a sangre fría de George Floyd por cuatro policías de Minneapolis, el 25 de mayo de 2020, además de los asesinatos de Tony McDade, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Michael Lorenzo Dean, Atatiana Jefferson y muchos otros, han provocado una ira justa contra la violencia estatal que sirve para defender la supremacía blanca y el capitalismo, una y otra vez, a costa de la vida Negra. Cuando las protestas ganaron fuerza y la policía de Minneapolis se retiró, Trump twitteó: “cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos“. Más tarde, ese día, un avión no tripulado CBP Predator, utilizado con frecuencia para la vigilancia en las tierras fronterizas para crear una “barrera tecnológica compuesta por un mosaico de herramientas como drones y sensores para ayudar a vigilar e identificar a personas no autorizadas“, voló sobre los manifestantes en Minneapolis. Según un portavoz de CBP, el avión no tripulado Predator fue desplegado “para proporcionar video en vivo para ayudar a la conciencia situacional a petición de nuestros socios federales de aplicación de la ley en Minneapolis“. La Patrulla Fronteriza no sólo es culpable por el asesinato de miles de personas obligadas a huir de sus países de origen y migrar al Norte, sino que también ayuda a la represión y al asesinato violento de personas Negras en este país.

El 31 de mayo, Morgan anunció a través de Twitter: “CBP actualmente está desplegando oficiales, agentes y activos de aviación en todo el país a pedido de nuestros socios federales, estatales y locales que enfrentan las acciones ilegales de los manifestantes. CBP lleva a cabo su misión en todo el país, no sólo en la frontera, de conformidad con las leyes federales”. Para el 1 de junio, la Patrulla Fronteriza también estaba presente en DC, Buffalo, Chicago, Detroit, El Paso, Miami y San Diego. El consejero legislativo principal de la Unión Americana de Libertades Civiles, Neema Singh Guliani, respondió: “El uso de esta tecnología de la agencia militar para vigilar a los manifestantes dentro de las fronteras de Estados Unidos es profundamente inquietante, especialmente dada la falta de políticas claras y fuertes de CBP para proteger la privacidad y los derechos constitucionales … El uso de drones por parte de la agencia sobre la ciudad debería detenerse de inmediato“.

La Patrulla Fronteriza continúa abusando de su poder sin responsabilidad. Continúa actuando manera que deshumaniza y oprime a las comunidades de color, y se mantiene fiel a sus raíces de supremacia blanca. Estos son ejemplos de por qué ahora, más que nunca, hay que desmantelar la Patrulla Fronteriza.

Dévora González es una organizadora de campo con el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas; ella twittea @SOAWatch. Azadeh Shahshahani es directora legal y de defensa del Proyecto Sur y ex presidente del Gremio Nacional de Abogados. Ella twitea @ashahshahani.


Publicado en inglés en: https://scalar.usc.edu/works/cec-journal-issue-7/tbd2