Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

Por David Barrios Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de México

Foto de Referencia publicada por izquierdaweb.cr

En la actualidad en distintos países de América Latina y el Caribe sectores organizados de la población, defensoras y defensores del territorio, integrantes del medio universitario, esfuerzos de comunicación independientes-populares-autónomos hablan de manera constante de la profundización de la militarización. Esto ocurre sin distinciones respecto al signo político que se atribuye a los respectivos gobiernos en donde se denuncia tales procesos y hace parte del recorrido sociopolítico de las distintas geografías de la región. Como será señalado más adelante, esto obedece a que se trata de un proceso general, que se manifiesta en diversas escalas y a partir de distintas modalidades, tanto en el área en que vivimos como a nivel planetario.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, además de las expresiones tradicionalmente reconocidas (participación de militares en la esfera civil, ampliación de atribuciones o incremento de los presupuestos asignados por los Estados), la militarización comporta rasgos específicos que no han recibido la atención necesaria y que plantean desafíos por las implicaciones que tienen en el perfeccionamiento de los mecanismos de disciplinamiento y control social.

El presente análisis parte de un panorama general sobre las modificaciones en los procesos de militarización. A continuación se establecen elementos para identificar el avance específico que tiene en algunos países de la región y finalmente se sintetiza la discusión a partir del planteamiento de 12 tesis sobre la materia. En conjunto, se propone una contribución para resignificar los sentidos en torno a la problemática y con ello establecer diagnósticos más completos que resulten útiles para personas y colectividades cuyas vidas se encuentran bajo el cerco de las distintas vertientes de la militarización.

Como punto de partida, es necesario subrayar que los procesos de militarización que estamos atestiguando y padeciendo no ocurren de manera aislada, sino que se dan en el marco de la concatenación perniciosa de las diferentes dimensiones de una crisis de carácter civilizatorio. Los efectos devastadores del proyecto político, económico, cultural y social del neoliberalismo, se combinan con los de los cada vez más frecuentes desastres naturales, conformando lo que se ha caracterizado como una “convergencia catastrófica”, aquella en la que cada uno de sus componentes profundiza y se expresa en los otros. Esto se presentaría con mayor virulencia en el “Trópico del caos”, es decir, la franja del planeta entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, en los que poblaciones históricamente relacionadas con la agricultura y la pesca (casi 3 mil millones de personas) se ven enfrentadas a los efectos del cambio climático, lo que coloca en el panorama el incremento de distintas expresiones de conflictividad social, lo que incluye fenómenos de violencia armada y guerras.

El proceso general había sido identificado desde comienzos del siglo XXI como un cambio en el eje ordenador de la sociedad, desde la producción y el mercado hacia instancias abiertamente disciplinadoras como las militares. Aun así, es necesario actualizar y seguir estableciendo las relaciones que esa modificación comporta respecto a la dimensión ambiental de la crisis antes señalada, así como sus impactos en ámbitos como la configuración de formas emergentes de institucionalidad, territorialidades, subjetividades, estéticas, formas de reproducción social y la vida cotidiana en general.

También en el nivel más general de la cuestión, se trata de problemáticas sobre las que ya desde hace años se reflexiona desde la cúpula militar de Estados Unidos, quienes también prevén que la combinación simultánea de desastres naturales, migración, afectación de cadenas de suministro regionales y globales, disputa entre las grandes potencias, colapso de países considerados aliados (de Estados Unidos) o los efectos del cambio climático, rebasen las capacidades del Departamento de Defensa conduciendo con ello a que se “desate el infierno”.

En un ámbito estrechamente relacionado con ello, los discursos que buscan posponer o paliar la debacle ecológica en curso, hacen uso de estrategias militares verdes para “resguardar” ecosistemas, especies animales o para el desarrollo de proyectos que se presentan como “amables” con el medio ambiente. Esto redunda en procesos de desterritorialización e implementación de campañas contrainsurgentes con el objeto de reprimir poblaciones y sus resistencias, a través de técnicas de coerción “duras” y tecnologías de pacificación “suaves”.

Estas escalas del análisis deben ser consideradas, porque en lo sucesivo albergarán y modelarán las tendencias generales de los procesos de militarización que, teniendo ya formas de expresión identificables, se expandirán y harán crecientemente complejas en los tiempos por venir.

Habiendo señalado esto y descendiendo en el nivel de análisis, es preciso llevar a cabo un cuestionamiento sobre las formas de comprensión dominantes respecto al militarismo y la militarización, como fueron entendidas a lo largo del siglo XX, pero que siguen teniendo reverberaciones en el presente. Esto está relacionado con una modificación sustancial en las formas de guerra dominantes, que ya no corresponden con el canon que colocaba en el centro la actuación de los Estados (conflictos bélicos interestatales) y los ejércitos profesionales identificados con ellos. Lo que se agregó a dicha ecuación y tendió a generalizarse, fue la confrontación entre fuerzas con adscripción estatal (en las que deben ser incluidas las policías militarizadas) y distintos tipos de actores armados quienes también tienen pugnas entre sí. Estas fuerzas incluyen desde ejércitos privados, Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP), brazos armados de la economía criminal, pandillas y grupos pequeños más próximos al sicariato, expresiones de paramilitarismo contrainsurgente, así como organizaciones político-militares que se reconocen en la estela de los movimientos revolucionarios de izquierda.

A ello habría que agregar que en la actualidad no nos encontramos frente a una disyuntiva entre una forma de guerra o la otra, sino que ambas esferas (las de la guerra tradicional y la irregular) tienden a imbricarse. Por ejemplo, en lo que se ha denominado guerras encubiertas o subsidiarias (proxy wars), en las que en terrenos sensibles o donde no se puede intervenir de manera abierta, los Estados recurren a actores armados como los antes señalados para cumplir sus objetivos. Otra expresión que ha estado relacionada con esta modificación es la guerra híbrida, que en el debate militar en que fue acuñada (2002-2013) tenía como énfasis la convergencia operacional de ejércitos nacionales con actores no estatales, así como la combinación de modalidades para hacer la guerra. Esto cambió con posterioridad a la anexión de Crimea por Rusia, ya que a partir de entonces fueron privilegiados ciberataques, tareas de espionaje, propaganda e información, campañas de desestabilización para deponer gobiernos (en la lógica de las llamadas Revoluciones de Colores) así como con el uso de herramientas no militares para promover extraterritorialmente los intereses de los Estados que las emplean (guerra económica, presión diplomática, formas de penetración cultural, entre otras).

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, se trata de una región que se caracteriza desde hace más de un siglo por la casi ausencia de conflictos bélicos interestatales, pero en la que ha sido recurrente la invocación de enemigos internos para que los Estados emprendan campañas bélicas y represivas contra sus poblaciones. Además de ello, por lo que representa para Estados Unidos en términos geoestratégicos, ha sido un escenario de ensayo para la implementación de distintas modalidades de guerra irregular, en las que se incluye la guerra contrainsurgente y contra las drogas. Esto ha posibilitado la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la potencia de Norteamérica, incluso antes de que este tipo de aproximaciones se generalizaron con posterioridad al lanzamiento de las campañas bélicas en Oriente Próximo en los albores del siglo XXI. El caso paradigmático es Colombia, entre otras cosas por la colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que permitió que el país fuese un sitio de experimentación de las formas de guerra irregular, en especial a partir de la implementación del Plan Colombia. De esta manera, el país andino, anticipó lo que con el paso de los años se implementaría en otros contextos, no sólo del área, sino del mundo entero.

A la par de ello, en un proceso no homogéneo pero que se puede rastrear durante un poco más de 3 décadas, hemos asistido a la aparición/sofisticación de actores armados no estatales que controlan poblaciones y territorios. Es por lo que, para poder hablar sobre la militarización actual en América Latina y el Caribe de manera adecuada, resulta indispensable aludir al papel que juegan los grupos armados que no pertenecen de manera formal a la estatalidad. Aquello que habiendo sido denominado de diversas formas (paramilitarismo, escuadrones de la muerte, formas de privatización de la seguridad y la violencia, facciones de tráfico o brazos armados de los cárteles del narcotráfico), puede ser albergado de manera más apropiada en aquello que prefiero denominar como formas de violencia armada organizada. Estas expresiones que provienen de distintas experiencias y énfasis previos (políticos, económicos, delictivos) de manera progresiva han incrementado su volumen, portafolio de actividades y también hacen parte de manera constante de las lógicas represivas y de disciplinamiento social. La naturaleza misma de las actividades en las que participan estos grupos puede volver difusa su intervención en determinados espacios, pero lo que no puede hacerse es ignorar el peso que ahora tienen en nuestras sociedades.

Sobre este aspecto es necesario destacar dos elementos que deberían ser considerados para una mejor aproximación al fenómeno. En primer lugar, que no se trata de un cambio repentino, sino de un proceso en que se han generalizado formas de violencia armada organizada y, en segundo, que en algunos países del área estos grupos han afianzado un control que, abarcando varias dimensiones (económica, social, espacial) prefiguran la instauración de órdenes sociales paralelos a través de los cuales el capitalismo contemporáneo encuentra formas de reproducción que traspasan las fronteras constituidas de manera previa y que se esparcen en diversos ámbitos.

Es debido a ello que la identificación exclusiva del militarismo y la militarización con las instituciones castrenses de los Estados no nos permite en la actualidad dar cuenta de manera adecuada del proceso que se vive en distintos contextos y territorios del área. Resultan así limitados los enfoques que definen la militarización como la disposición de los Estados en recurrir a los cuerpos militares para la resolución de disputas en torno al orden público o salvaguardar las condiciones mínimas de seguridad ante una amenaza del orden establecido. Tampoco remite ya de manera unívoca ni determinante al “proceso de adopción de modelos, conceptos, doctrinas, procedimientos y personal militar en actividades de naturaleza civil, entre ellas la seguridad pública”. También resulta inerte restringir su valoración respecto al gasto en armamento, el porcentaje o cantidad de personal de los Estados dedicado a labores militares o el incremento y sofisticación de la infraestructura y avituallamiento de las instituciones castrenses.

Antes de introducir algunas líneas generales para la comprensión del proceso de militarización reciente en la región, resulta apropiado aludir de manera específica al estado actual de la problemática en algunos países del área que destacan por la magnitud y características que comportan.

En el espectro que se reconoce más reaccionario se encuentra el gobierno de Jair Messias Bolsonaro, aquel que incluso poco después de haber iniciado en el cargo ya había sido caracterizado como la “vanguardia apocalíptica” por las implicaciones socioambientales de sus políticas. Los incendios en la Amazonia, en buena medida inducidos, fueron sólo el anticipo de lo que implicaría un gobierno que ha superado cualquier estimación previa. Brasil afronta una crisis sin parangón, tanto por el acumulado de políticas locuaces pero que se enmarcan en principios clasistas, racistas, sexistas y misóginos; como por el manejo gubernamental de la Pandemia por SARS-COV-2, afrontada de una manera a todas luces negligente. En relación con la militarización, sobre Brasil se ha insistido en la incorporación de integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas al gabinete del presidente, mismos que han llegado a controlar la Vicepresidencia, 10 de 22 ministerios del país (entre ellos ciencia y tecnología, energía, salud, educación, entre otros) y más de 6 mil cargos comisionados ocupados en la administración pública directos e indirectos; siendo Bolsonaro mismo ex capitán del ejército. Además de ello, en una tendencia que se puede rastrear desde los gobiernos del PT, el enfoque militar del combate al tráfico de estupefacientes ilegales y de ciertos fenómenos de violencia urbana, han abonado para que Brasil tenga en años consecutivos las mayores cifras de asesinatos en la región. Fue durante las gestiones de Lula da Silva y Dilma Roussef que se postuló al país para la realización de un ciclo de megaeventos (2007-2016) que permitió la militarización de las sedes deportivas, en las que destacó Río de Janeiro con la implantación de las Unidades de Policía Pacificadora en distintas favelas de la ciudad.

En lo que respecta a los grupos de tráfico y las milicias brasileñas, mantienen gran control territorial en determinados espacios de las principales ciudades, en los que establecen relaciones despóticas con sus habitantes. En Río de Janeiro, datos de 2018 planteaban que las milicias por sí solas estaban presentes en 37 barrios y 165 favelas de la Región Metropolitana de la ciudad, controlando áreas habitadas por 2 millones de personas, lo que se traduce en una sexta parte de la población de la región. Al agregar una perspectiva territorial, se ha establecido que tienen un área de influencia de 342 km2 lo que constituye una cuarta parte de la capital del estado.

En distintas favelas de la ciudad a ello habría que agregar el control por parte de las facciones de tráfico como el Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando Puro, quienes establecen disputas con los otros actores armados. También habría que considerar el papel de las Unidades de Policía Pacificadora y la Policía Militar de Río de Janeiro quienes establecen formas arbitrarias de control y disciplinamiento de la población en las áreas habitadas por los sectores populares.

Respecto a México, se ha denunciado que el proceso de militarización está relacionado con la ampliación e institucionalización de funciones de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil. Este proceso se da en el marco del triunfo electoral de una iniciativa que se autoidentifica como antineoliberal y que tuvo un respaldo social inédito al obtener la jefatura del gobierno federal con 30 millones de votos. Además de ello arrasó con sus contrincantes, logrando victorias en distintos estados del país y asegurando en ese momento un margen de maniobra importante en el Congreso, para llevar adelante su agenda de gobierno. Esto permitió entre otras cosas, sacar adelante reformas que durante su primer año de gobierno autorizaron la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (durante 5 años) a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado el carácter inconstitucional de estas atribuciones a través del análisis y ulterior invalidación de la Ley de Seguridad Interior de la administración de Enrique Peña Nieto.

Otro ámbito en el que se le ha dotado de gran protagonismo a las Fuerzas Armadas es el de su participación en obra pública. Destaca la asignación de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A ello se agrega la construcción de 2, 700 sucursales del Banco de Bienestar también encomendadas al Ejército, al igual que la edificación de cuarteles para la Guardia Nacional. Respecto al polémico proyecto denominado “Tren Maya” al Ejército le fue asignada la construcción de los tramos que van desde Playa del Carmen al Aeropuerto Internacional de Cancún; otro más que proyecta unir Tulúm con Bacalar y Chetumal; así como el de Bacalar con Escárcega. En fechas recientes también se asignó al Ejército la construcción del aeropuerto de Tulúm.

Respecto a la creación de la Guardia Nacional se trata de la reedición de formas de policía militarizada (Policía Federal, Gendarmería Nacional, ambas desaparecidas por corruptas e ineficaces) con atribuciones federales que están destinadas a múltiples funciones, entre ellas la contención de la migración proveniente de Centroamérica y el combate a las estructuras de la economía criminal. De manera reciente, también fue avalada la incorporación de los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que definirá las prioridades y estrategias en el ámbito de la investigación (el equivalente mexicano del Minciencias colombiano, CONICET argentino o CNPq brasileiro). A mediados de agosto de 2021 se anunció una iniciativa de reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la creación de un Estado Mayor Conjunto integrado por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con lo que se le incorpora legalmente como fuerza armada. Además de ello destaca la “limpieza de imagen” de las Fuerzas Armadas que históricamente, pero con mayor énfasis en los últimos años han cometido diversas violaciones a los derechos humanos de la población. Ejemplo de ello fue que en un hecho inédito, el gobierno mexicano realizó múltiples gestiones diplomáticas que permitieron la liberación y regreso a México del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y acusado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

En México las organizaciones de la economía criminal han pasado por un proceso de transformación notable. De acuerdo a distintos análisis, desde el lanzamiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, de 4 grandes organizaciones identificables , ahora se cuentan más de 200 facciones de distintos tamaños, aunque hay análisis que hablan incluso de 463 grupos a lo largo y ancho del país. Además de ello, algunos de los grandes grupos que aún existen (Cartel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cartel del Golfo, Los Zetas, etc.) han logrado desarrollar sus estructuras armadas, que resultan cada vez más sofisticadas y con mayor capacidad logística y poder de fuego, lo que quedó de manifiesto en el episodio en que en la ciudad de Culiacán, el Cartel de Sinaloa logró cercar al Ejército mexicano y liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

En cuanto a Colombia, es de sobra conocido que ha contado con uno de los procesos de guerra más duraderos en la historia reciente, aunque de manera simultánea la élite del país Sudamericano (que incluye a los medios de comunicación masiva) promueva la idea de que se trata de un país donde la democracia procedimental funciona y en que no han resultado habituales los golpes de estado como en otras regiones de América Latina y el Caribe. Sin embargo sólo en el siglo pasado, el Ejército intervino más de 20 veces en la política interna del país, al mismo tiempo que el Estado de sitio ha sido invocado de manera recurrente. Sólo durante el Frente Nacional se estima que quince de los veinte años que duró la alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, fueron regidos por el Estado de sitio.

Si miramos el asunto desde una perspectiva más amplia, se trata de un país que desde su independencia hasta 2016, cuando se firman los acuerdos de paz en la Habana, ha estado más de tres cuartas partes del tiempo en guerra, lo que hace que se le defina como un conflicto armado prolongado. Esa densidad del proceso ha provocado que Colombia cuente con una de las sociedades más militarizadas de la región y del mundo entero, lo cual no está relacionado de manera exclusiva con las funciones, tamaño o presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público o el carácter bélico de su policía o el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), sino también con la difusión de contenidos que hacen apología de esas instituciones.

A partir de abril de 2021, el levantamiento social en Colombia ha sido enfrentado con un repertorio represivo que, habiendo sido puesto en práctica en otros momentos contra las distintas luchas sectoriales de Colombia, se ha adaptado y perfeccionado en este momento. Destaca la incorporación de mecanismos de intervención de la señal inalámbrica de internet o de los cortes al suministro de energía eléctrica como represalia contra zonas de las ciudades en las que se han llevado a cabo las movilizaciones. Como ha pasado en Chile durante los últimos años, la actuación del ESMAD replica las técnicas de pavor consistentes en disparar de manera directa a la cabeza de las y los manifestantes, lo que ha redundado en traumas oculares graves y la pérdida parcial o total de la vista. De manera clara también exhibe el tratamiento bélico que el Estado colombiano emplea contra las expresiones de descontento social.

Además de ello, con el correr de las semanas ha quedado claro que la estrategia mediática y específicamente represiva del Estado colombiano se complementa con la actuación de grupos de civiles armados que han participado en ataques a los puntos de encuentro de la movilización. También se han realizado denuncias sobre desaparición forzada, torturas, vejaciones y utilización de fosas comunes clandestinas como parte de las técnicas empleadas contra las y los manifestantes. Como resultado del informe final de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (compuesta por más de 40 delegadas y delegados de 12 países) se estableció que el accionar represivo del gobierno fue similar a la estrategia militar que utiliza para combatir a actores armados, esto es, que se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del “enemigo interno” e incluyó once estrategias de tratamiento de guerra contra la protesta en el país andino.

En los tres casos, también destaca la creación o invocación de marcos jurídicos que amparan el uso de las Fuerzas Armadas. En Brasil se han usado reglamentaciones como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), o el decreto presidencial que avaló una intervención federal en Río en 2019. En México a la autorización del empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como fue referido antes, se agrega la reciente propuesta que busca incorporar a la Guardia Nacional a la estructura del Ejército mexicano. En Colombia, tan sólo a 3 días del inicio de las movilizaciones, y con un saldo para el momento de 9 asesinatos a mano de la fuerza pública, Duque invocó el Artículo 130 de la ley 1801 para declarar la “Asistencia Militar” por parte de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas.

En las dos décadas del presente siglo procesos de este tipo se han verificado en casi toda la región, aunque destacan por la magnitud y complejidad adquirida los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Brasil, Colombia y México. Sobre esto último me parece importante subrayar que el tratamiento estatal-gubernamental hacia la problemática ha sido calcado de manera repetitiva y que incluso, ninguno de los países que atravesaron por el llamado ciclo progresista propusieron alternativas para enfrentar la problemática, tendiendo a reproducir el repertorio de políticas públicas de corte coactivo.

Un curso similar se puede observar en países caribeños como Jamaica y Haití, en los que se ha dado tanto la militarización de las policías, el recurso de las Fuerzas Armadas para su uso en el espacio público y donde las estructuras de la economía criminal también controlan porciones del territorio. En otras regiones del continente en las que la herida del pasado dictatorial hace poco viable el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, se mantiene el uso indiscriminado de policías militarizadas (Carabineros en Chile), o bien, se innova en este mismo sentido como ocurrió con la conformación de la Gendarmería Nacional en Argentina.

III

A continuación se realizará una aproximación sobre el estado actual de la militarización social en América Latina y el Caribe a partir de 12 tesis que intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática. Esto es resultado, tanto de una extensa revisión bibliográfica, como de las posibilidades de interactuar con diversos procesos organizativos preocupados por este tipo de fenómenos en distintos contextos del continente. Son también estas colectividades y personas las que de manera permanente enfrentan en su cotidianidad los efectos de la militarización, quienes ponen el cuerpo y al mismo tiempo producen saberes muy necesarios y que apuntan a la defensa de la vida.

En relación a ello, deseo mencionar y agradecer a los distintos espacios con los que he realizado intercambios durante los últimos 11 años. En Colombia al Grupo para la Investigación Social Kavilando, a la Corporación para la Educación e Investigación Popular (CEDINS); a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y al Congreso de los Pueblos. En Río de Janeiro a las y los facilitadores del Curso Histórias Vivas – O histórico de resistência das favelas do Rio de Janeiro en el Museu da Maré, así como al Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro. En San Pedro Sula al Proyecto Paso a Paso en Rivera Hernández y también en Honduras al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En Asunción al Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Paraguay). Al Frente de Resistencia Urbana (FRU) que aglutina distintas experiencias de lucha por vivienda y vida digna en ciudades latinoamericanas; al Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW). En México a las organizaciones y personas que integraron la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado (COMECOM), así como al Seminario Análisis y ya. De manera especial a mis compañeras y compañeros del Movimiento contra la Militarización de Ciudad Juárez.

Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

La militarización actual constituye un proceso general, relacionado con la refuncionalización del Estado resultado de la implementación del neoliberalismo, la alteración en las formas dominantes de la guerra o la emergencia/generalización de formas de violencia armada organizada, lo que tiene como correlato que excede sus expresiones institucionales-estatales.
Se vincula con la resignificación de nociones en torno a la seguridad y las amenazas, lo que puede ser definido como procesos de securitización. De esta manera, en la actualidad se incluyen como objetos de preocupación militar los procesos migratorios, o las expresiones de descontento popular.
La definición de seguridad de la que provienen los procesos de militarización contemporáneos está anclada en una concepción masculinizante y patriarcal, que al mismo tiempo que ofrece protección a sus poblaciones consideradas vulnerables y dependientes, implica una amenaza constante para las poblaciones controladas por otros actores armados. Además de ello, supone la difusión de lógicas jerárquicas y autoritarias.
Implica no sólo (y no principalmente) aspectos institucionales (funciones, presupuesto), sino también culturales y subjetivos. Esto incluye elementos estéticos, lingüísticos/lexicológicos así como imaginarios que incorporan metáforas bélicas respecto a diversos ámbitos de la vida social.
En términos espaciales sus expresiones son predominantemente urbanas, porque predominantemente urbana es la región en que vivimos y porque el teatro de operaciones bélico doctrinario y operativo ha transitado a este tipo de escenarios. De ello da cuenta el despliegue del urbanismo militar y la adaptación doctrinaria a entornos urbanos Además de ello, destaca la generalización de disputas y proyección de relaciones de poder en el espacio que derivan en procesos de Des-Re-Territorialización.
En buena parte de América Latina y el Caribe la militarización corre por cuenta de actores armados estatales, así como de una diversidad de formas de violencia armada organizada, lo que incluye disputas securitarias (definición de amenazas, tratamiento bélico de asuntos que no eran considerados como tales, legitimación de formas de control, entre otras).
Como parte del proceso de reordenamiento económico que se apuntala a través de estas formas de violencia armada organizada, hemos asistido a la instauración/generalización de distintas actividades con las cuáles estos grupos se financian. En su proceso de diversificación, además de estimulantes ilegales, han incursionado en el tráfico de armas, migrantes y personas con objetivos de explotación laboral y sexual, biodiversidad, extracción y robo de combustibles fósiles, minería ilegal y; de manera muy importante por las implicaciones en la configuración de disputas por territorios, el cobro por protección-extorsiones que con distintas denominaciones tienen lugar en varios países y ciudades de la región. A ello hay que agregar que estas organizaciones también han implementado monopolios sobre productos y servicios diversos (comercio informal, piratería, televisión por cable, bombonas de gas, entre otros). Replicando uno de los principales mecanismos de la economía formal, el “gota a gota” o pagadiario, una forma de usura dirigida a los sectores populares, caracterizada por altos intereses y donde la violencia directa funciona como mecanismo para asegurar el pago de los préstamos, se ha extendido por al menos 8 países de la región.
En términos materiales, esto supone la implementación y naturalización paulatina de toques de queda informales y autoimpuestos; el rediseño de cartografías urbanas en distintas escalas que apuntan hacia la conformación de fronteras invisibles; o la normalización social del asesinato constante y sistemático de la población joven de sectores populares. Además de ello implica la instauración de bandos armados, principios de enemistad, formas de reclutamiento entre la población. En los lugares donde esta lógica ya resulta dominante, las distintas fuerzas, pero principalmente las del Estado tienden a comportarse como fuerzas de ocupación, o inclusive de conquista.
En determinadas escalas de los territorios, establecen órdenes de autoridad paralelos al de los Estados, en el marco de los cuales imponen regulaciones sobre las formas de convivencia, comportamiento, e inclusive sancionan conductas a través de penas y castigos.
Los procesos de militarización contemporáneos han incorporado componentes contrainsurgentes en la medida en que se considera esencial actuar sobre las poblaciones. En términos doctrinarios, esto comporta una resignificación que abarca tanto lo abiertamente militar, como los proyectos de desarrollo, la promesa de servicios de salud, educación y el ideal modernizador.
En la cotidianidad la militarización conduce a que la vida de las poblaciones se encuentre entre cercos y que se difundan e introyecten socialmente sentidos bélicos, por ejemplo, a partir de la generalización de tareas de inteligencia propiciadas por las actividades de las estructuras de la economía criminal.
Los procesos de militarización desdoblados entre lo estatal y las expresiones de violencia armada organizada están en sintonía con la extensión de las fronteras de apropiación de la naturaleza y de explotación de la población para la acumulación. Vistos en conjunto nos permiten avizorar los contornos del capitalismo del siglo XXI, dejando entrever la redefinición/refundación de institucionalidades, modos de vida y formas de reproducción social.

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