SOA Watch condena el aumento de la militarización de Estados Unidos en Colombia y en los mares cercanos, incluyendo el despliegue, el 1 de junio de 2020, de la Primera Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB) de los EEUU; desde el Fuerte Benning, Georgia, a Colombia.
Los SFAB son unidades especializadas, del ejército de los EEUU, que “asesoran y ayudan en operaciones en países extranjeros”. El primer SFAB se estableció en el Fuerte Benning, en octubre de 2017, y fue desplegado en Afganistán en 2018. Ahora se ha desplegado en Colombia como parte de las “Operaciones Antinarcóticos Mejoradas” anunciadas por Trump el 01 de abril de 2020.
Además del despliegue del primer SFAB, las “Operaciones Antinarcóticos Mejoradas” de Trump también incluyen la militarización del Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, incluido el despliegue de destructores de la Armada, barcos de combate, aviones y helicópteros. Este aumento significativo de la militarización, en nombre de parar las drogas, parece ser parte de la última encarnación de los esfuerzos imperialistas de EEUU para derrocar al gobierno de Venezuela.
El 26 de marzo, la administración Trump acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios venezolanos, incluidos el Ministro de Defensa y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de dirigir una “asociación de narcoterrorismo con las FARC” de Colombia.
El Procurador General William Barr, anunció los cargos relacionados con el tráfico de drogas y sólo, unos días después, Trump anunció la guerra de drogas “mejorada” que se organizará, desde la vecina Colombia, con barcos de combate en las aguas cercanas de Venezuela.
La hipocresía y la naturaleza política de la guerra contra las drogas en los Estados Unidos es clara cuando se compara el tratamiento de los Estados Unidos con Venezuela y Honduras. Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificaron al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), como cómplice en el juicio de su hermano por “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”. Esencialmente, el Departamento de Justicia considera que los gobiernos de Honduras y Venezuela están involucrados en el tráfico de drogas. Sin embargo, mientras Estados Unidos está militarizando fuertemente el área alrededor de Venezuela y ha impuesto sanciones mortales durante años a este país: ¡¡Continúa apoyando al gobierno hondureño, enviando millones de dólares y calificandolo de socio en la lucha contra el narcotráfico!! ¿Por qué un tratamiento tan opuesto? La respuesta es simple: el gobierno hondureño, de derecha, está alineado con los intereses estadounidenses mientras que el gobierno venezolano, de izquierda, no lo está.
La hipocresía es aún más flagrante cuando se considera que, a fines de abril, los fiscales estadounidenses acusaron al ex jefe de la policía nacional de Honduras, graduado de la Escuela de las Américas, Juan Carlos Bonilla (también conocido como ‘El Tigre’), de tráfico de drogas en nombre del presidente JOH de Honduras y del hermano, condenado, Tony Hernández. Sin embargo, Estados Unidos continúa colaborando con el gobierno hondureño para, supuestamente, combatir el narcotráfico.
Cuando Bonilla, acusado durante mucho tiempo de haber dirigido escuadrones de la muerte, era jefe de la Policía Nacional de Honduras el Departamento de Estado de los Estados Unidos gastó millones en la policía hondureña incluso para combatir el narcotráfico. Millones y millones para combatir el narcotráfico no funcionan si los funcionarios del país están involucrados en el narcotráfico y Estados Unidos lo debía saber. Por el contrario, la lucha contra las drogas es una justificación conveniente para gastar dinero en apoyar a los gobiernos que sí lo hacen como Honduras y Colombia, mientras que, simultáneamente, persiguen a los gobiernos que los Estados Unidos quieren eliminar del poder, como el de Venezuela.
Las “Operaciones antinarcóticos mejoradas” de Trump son una escalada peligrosa de la militarización estadounidense en la región. Son los movimientos sociales, las comunidades, y los pobres quienes más sufren las consecuencias mortales de la guerra militarizada contra las drogas, como ha sido, una y otra vez, en Colombia.
Las organizaciones de derechos humanos en Colombia han condenado la llegada de las tropas estadounidenses, denunciando que amenaza la soberanía de Colombia y pone en riesgo a las comunidades donde las tropas estarán estacionadas ya que “las acciones supuestamente para combatir el narcotráfico con frecuencia traen consigo aumentos en las violaciones de los derechos humanos”.
De hecho, después de años de militarización y entrenamiento estadounidense del ejército colombiano para detener el narcotráfico, Colombia es el país latinoamericano con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados.
SOA Watch condena enfáticamente esta última escalada de la guerra contra las drogas y el imperialismo estadounidense. Nos solidarizamos con los pueblos de Colombia, Venezuela y todo el hemisferio en sus luchas por la autodeterminación ante la intervención estadounidense.
School of the Americas Watch